La Cámara de Representantes dejó en asuntos pendientes la resolución concurrente que crearía una comisión conjunta encargada de formular una nueva ley electoral con participación de todas las delegaciones con presencia en la Legislatura.
Al llegar a la medida, la última en el primer calendario de órdenes especiales del día, el representante popular Roberto Rivera Ruiz de Porras, actuando como portavoz, solicitó que la medida se atendiera en un turno posterior. De momento, no se ofreció una explicación sobre la determinación.
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Aunque hoy es el penúltimo día que tienen ambas cámaras legislativas para dar paso a proyectos de ley y resoluciones conjuntas nuevas, las resoluciones concurrentes, por tratarse de medidas que no requieren la firma del gobernador Pedro Pierluisi, pueden aprobarse hasta el cierre de la sesión, el 30 de junio. En el caso de los proyectos de ley y resoluciones conjuntas, a partir del sábado solamente se podrán dirimir las diferencias entre las versiones que hayan aprobado los cuerpos.
La Resolución Concurrente de la Cámara (RKC) 28 busca crear la Comisión Especial Conjunta de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico sobre Reforma Electoral, que contaría con 11 senadores y nueve representantes designados por los presidentes de los respectivos cuerpos, José Luis Dalmau y Rafael “Tatito” Hernández.
El organismo legislativo tendría “la facultad y el deber de investigar, redactar y recomendar, para la aprobación de los legisladores electos de la Decimonovena Asamblea Legislativa, una nueva Ley Electoral que administre los procesos electorales en Puerto Rico de manera justa, balanceada, transparente y que reduzca al mínimo cualquier posibilidad de fraude electoral”, de acuerdo con el lenguaje enmendado en comisión.
La sección 9 de la pieza legislativa dispone que la Comisión Especial entregue su propuesta de proyecto de ley electoral a más tardar el 31 de diciembre de 2023.
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Dalmau y Hernández, asimismo, estarían encargados de nombrar los copresidentes de la Comisión Especial, al igual que un director ejecutivo “para que supervise los trabajos de la Comisión Especial Conjunta, administre su presupuesto, organice las vistas públicas, ejecutivas y oculares que sean necesarias, redacte informes, solicite memoriales explicativos, contrate al personal que entienda necesario dentro del presupuesto asignado a la Comisión Especial Conjunta en la Sección 8 de esta Resolución Concurrente, y lleve a cabo cualquier otra función que los copresidentes le asignen”.
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La medida propone que a la Comisión Especial se le asignen $100,000 por año fiscal, con cada cámara aportando la mitad, provenientes de sus fondos operacionales.
La RKC 28 fue presentada el 18 de junio y, de aprobarse, representaría un nuevo mecanismo para intentar reformar el Código Electoral que el Partido Nuevo Progresista aprobó unilateralmente hace un año, a pocos meses del proceso electoral. Desde inicios de año, el vicepresidente cameral, José “Conny” Varela, estuvo liderando un proceso de vistas públicas con miras a aprobar enmiendas a la ley electoral en esta misma sesión ordinaria, pero el proceso fue criticado por las minorías, que adujeron falta de participación y consenso.
La reforma electoral, a pesar de que nunca se tradujo en un proyecto de ley aprobado en ningún cuerpo, también fue usada como ficha de negociación por Hernández, quien pretendía que Pierluisi la convirtiera en ley a cambio de que la Cámara baja confirmara a Larry Seilhamer como secretario de Estado.
Seilhamer, en última instancia, fue rechazado por la mayoría popular.
