Libertad religiosa vuelve al Capitolio

La Legislatura tendrá que decidir si votará para ir en contra del veto del gobernador, aunque varios senadores confirmaron a Metro que mantendrán su voto en contra

Por David Cordero

El gobernador de Puerro Rico, Ricardo Rosselló, vetó ayer el Proyecto de la Cámara 1018, aprobado la pasada semana por la Legislatura, que establecería la ley de “Restauración de la Libertad Religiosa de Puerto Rico”.

“Mi posición es que toda medida que abra la posibilidad de discriminar no va a tener mi voto y me parece que este proyecto, eso era lo que hacía”, afirmó Laboy.

La medida regresó al Capitolio y ahora la Cámara tendrá que decidir si someterá el proyecto nuevamente a votación para ir por encima del veto. Al cierre de esta edición, el presidente cameral, Carlos Johnny Méndez –quien es coautor de la medida–, no se había expresado al respecto. Sin embargo, si en la Cámara decidieran someterlo, el proyecto obtendría los votos para ir por encima del veto. De hecho, el representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Michael Abid Quiñones Irizarry, solicitó hoy a Méndez que ese cuerpo pase por encima del veto del Gobernador. Pero el verdadero reto para los que están a favor, es en el Senado.

En la Cámara Alta, al menos cuatro senadores de los que votaron en contra tendrían que cambiar su voto a favor, algo muy improbable, según fuentes consultadas por este medio.

Cuando se llevó a votación el 29 de enero, la medida obtuvo 16 votos a favor, 11 en contra y 2 abstenidos. De la delegación del PNP, votaron en contra Zoé Laboy, Abel Nazario y Miguel Romero. La delegación del Partido Popular Democrático (PPD), el independentista Juan Dalmau y el independiente José Vargas Vidot, tampoco apoyaron la medida. En declaraciones a Metro, el senador Abel Nazario confirmó que mantendría su voto en contra de la medida. La senadora Laboy también confirmó a este medio su posición en contra del proyecto.

“Mi posición es que toda medida que abra la posibilidad de discriminar no va a tener mi voto y me parece que este proyecto, eso era lo que hacía”, afirmó Laboy. “El voto de esta senadora es en contra”, sostuvo.

Rosselló expuso en su veto expreso que “nuestra administración tiene un compromiso inquebrantable con garantizar y proteger los derechos fundamentales de todos nuestros ciudadanos. Uno de los derechos más importantes de nuestro sistema republicano de Gobierno es la libertad religiosa”.

“De hecho, mi administración modificó la regulación interna del Departamento de Educación para prohibir que el Gobierno intervenga con la enseñanza religiosa y moral de los padres sobre sus hijos”, expresó el primer ejecutivo.

Sobre el veto: 

  • “Que él (el gobernador) asuma ahora la responsabilidad por lo que hizo. Si el sector religioso se aparta del gobernador ahora por esa determinación, eso es un riesgo que él mide y asume. Esto es un proyecto del presidente de la Cámara, si la Cámara va sobre el veto, llegará al Senado y lo atenderos y si tengo que ir más veces sobre el veto, lo hago”. –Thomas Rivera Schatz, presidente del Senado (expresiones en Jugando pelota dura)
  • “Creo que es lo correcto (el veto), por eso voté en contra cuando se discutió en el Senado. No puedes imponer tus creencias por encima de otras cuando tu eres un empleado o empleada pública que está ahí y se te paga para prestar unos servicios. El gobierno tiene la obligación de prestar unos servicios”. –Zoé Laboy, senadora del PNP en contra de la medida
  • "Yo creo que debemos sentarnos a trabajar un proyecto que cumpla con el Plan para Puerto Rico, que asegure los servicios de todos los constituyentes al tiempo que salvaguarde los derechos de libertad religiosa". – Abel Nazario, senador del PNP en contra de la medida

El primer ejecutivo recordó que ese compromiso se reafirmó en la Ley 33-2017 que crea las Iglesias-Escuela y en la Ley 4-2017 de Reforma Laboral que garantiza expresamente el derecho de los trabajadores de proteger sus creencias y prácticas religiosas en el ámbito laboral.

El veto expreso del primer ejecutivo establece que el Religious Freedom Restoration Act de 1993 —legislación federal que este proyecto utiliza como base— incluye expresamente al Gobierno de Puerto Rico en la lista de entidades cubiertas a las que aplica la norma de no intervenir con la libertad religiosa de una persona.

Según sus autores del proyecto, la medida tiene el propósito de proteger la posición religiosa de los ciudadanos y de proveer herramientas para ir en contra de cualquier acción que tome el Estado a través de la aprobación de política pública o legislación que no esté acorde a sus creencias.

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