El gobernador de Puerro Rico, Ricardo Rosselló, vetó esta tarde el Proyecto de la Cámara 1018, aprobado la pasada semana por la Legislatura, que establecería la ley de “Restauración de la Libertad Religiosa de Puerto Rico”.
El primer mandatario expuso en su veto expreso que “nuestra administración tiene un compromiso inquebrantable con garantizar y proteger los derechos fundamentales de todos nuestros ciudadanos. Uno de los derechos más importantes de nuestro sistema republicano de Gobierno es la libertad religiosa”.
PUBLICIDAD
El primer ejecutivo recordó que ese compromiso se reafirmó en la Ley 33-2017 que crea las Iglesias-Escuela y en la Ley 4-2017 de Reforma Laboral que garantiza expresamente, por primera vez en el sistema jurídico, el derecho de los trabajadores de proteger sus creencias y prácticas religiosas en el ámbito laboral.
“De hecho, mi administración modificó la regulación interna del Departamento de Educación para prohibir que el Gobierno intervenga con la enseñanza religiosa y moral de los padres sobre sus hijos”, expresó Rosselló Nevares.
El veto expreso del primer ejecutivo establece que el Religious Freedom Restoration Act de 1993 —legislación federal que este proyecto utiliza como base— incluye expresamente al Gobierno de Puerto Rico en la lista de entidades cubiertas a las que aplica la norma de no intervenir con la libertad religiosa de una persona.
Recientemente, Rosselló había comentó en rueda de prensa que vetaría el proyecto de Libertad Religiosa si no sufrió cambios significativos en la Asamblea Legislativa.
La medida ha suscitado controversia por entenderse discriminatoria contra algunos sectores sociales.
PUBLICIDAD
La medida 1018 de la Cámara de Representantes fue radicada por los legisladores María Milagros Charbonier, Guillermo Miranda Rivera y Carlos “Johnny” Méndez.
Según sus autores la misma tiene el propósito de proteger la posición religiosa de los ciudadanos y de proveer herramientas para ir en contra de cualquier acción que tome el Estado a través de la aprobación de política pública o legislación que no esté acorde a sus creencias.
Por otro lado, firmó el proyecto para viabilizar pruebas de ADN en casos de personas convictas, de la autoría del presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez y el representante José “Quiquito” Meléndez.
