Tras un acalorado debate en las casa de las leyes, ambos cuerpos legislativos aprobaron el controversial proyecto para la Libertad Religiosa, que según varios expertos en derecho permitiría que funcionarios de las ramas del gobierno discriminen contra algunos sectores sociales cuando entiendan que sus valores personales les son violentados.
Se trata de la medida 1018 de la Cámara de Representantes, y que fue radicada por los legisladores María Milagros Charbonier, Guillermo Miranda Rivera y Carlos “Johnny” Méndez. Según sus autores la misma tiene el propósito de proteger la posición religiosa de los ciudadanos y de proveer herramientas para ir en contra de cualquier acción que tome el Estado a través de la aprobación de política pública o legislación que no esté acorde a sus creencias.
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No obstante, legisladores como Juan Dalmau, del Partido Independentista Puertorriqueño, mencionaron que es un “proyecto de limitación ciudadana, que da autoridad a los funcionarios gubernamentales para que tengan a su discreción seleccionar a qué ciudadanos les dan servicios o no, conforme a su religión”.
De acuerdo al senador, “el deber del Estado es servir a todos” y la medida es “peligrosa” porque promueve la discriminación.
Ante preguntas de este medio, Dalmau contó que observó una alta presencia de líderes religiosos en la Asamblea Legislativa, cabildeando por la aprobación del Proyecto 1018. Según fuentes, los legisladores decidieron darle paso luego de que el sector religioso se posicionó en contra de la nueva ley de adopción, que permite a parejas del mismo sexo ser tutores legales de menores en Puerto Rico.
La medida, que fue elevada a un comité de conferencias el año pasado porque suscitó grandes discrepancias entre los legisladores, se aprobó en la Cámara de Representantes con el apoyo de 29 legisladores; otros seis se posicionaron en contra y 16 que no estaban en el hemiciclo. Mientras, en el Senado, recibió 16 votos a favor, 11 en contra y 2 abstenidos.
El año pasado, el gobernador Ricardo Rosselló reiteró que de aprobarse la medida, no la firmaría por considerarla discriminatoria. Sobre este hecho, Thomas Rivera Schatz, presidente del Senado, indicó que el mandatario no debe tener problemas para firmarlo, porque fue una promesa que estableció en el Plan para Puerto Rico, documento impulsado por Rosselló durante su campaña.
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“No es justo que le quiten a los cristianos los derechos que le han concedido a otros sectores”, indicó durante el debate Rivera Schatz, quien además destacó que está en desacuerdo con la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos para que las parejas homosexuales se puedan casar en toda la nación.
“Aquí estamos protegiendo el derecho de los ciudadanos que tenga una creencia religiosa. Tiene que estar fundamentado, se exige que lo fundamente por escrito”, agregó el senador del Partido Nuevo Progresista.
Por su parte, el senador del Partido Popular Democrático, Miguel Pereira, afirmó “la liberta religiosa es fundamental en Puerto Rico, pero no puede definirse como la habilidad para imponer mis creencias en otras personas”.
