La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) advirtió que el gobierno deberá reactivar el cobro del Tren Urbano y las multas de peajes como parte clave para cuadrar el presupuesto de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) para el año fiscal 2027.
En una carta enviada a la gobernadora Jenniffer González y a la Legislatura, el ente federal dejó claro que el estimado de ingresos de la ACT depende de la “reinstalación” de estas fuentes, consideradas críticas para evitar déficits operacionales.
“El pronóstico de ingresos… incluye la reinstalación de multas de peajes y tarifas del Tren Urbano. Estas fuentes son críticas para lograr un presupuesto balanceado”, indicó la JSF.
El señalamiento ocurre mientras el Tren Urbano se mantiene gratis desde hace más de dos años y la Autoridad de Transporte Integrado (ATI) ha proyectado que el nuevo sistema de cobro no comenzaría hasta agosto de 2026, en parte como alivio ante el alza en el costo de la gasolina.
Presupuesto sin déficit ni uso de reservas
La JSF reiteró que, bajo la ley PROMESA, el presupuesto que presente el gobierno para el 2027 —con fecha límite del 4 de mayo de 2026— debe estar balanceado y no puede depender del uso de reservas para cubrir gastos operacionales.
Esto implica que, si los ingresos proyectados no se materializan —como podría ocurrir si se retrasa nuevamente el cobro del tren o las multas—, el gobierno tendría que recortar gastos o identificar nuevas fuentes de ingresos.
Según el estimado de la Junta, la ACT proyecta ingresos totales de aproximadamente $882.9 millones para el año fiscal 2027, que incluyen: ingresos operacionales como peajes, multas y transporte público; fondos federales; aportaciones estatales; y transferencias del gobierno central.
Dentro de ese cuadro, los ingresos por multas de peajes ($61 millones) y del sistema de transporte, incluido el Tren Urbano, forman parte de la base operacional.
Riesgos a servicios esenciales en el presupuesto
La advertencia sobre la necesidad de reactivar ingresos como el cobro del Tren Urbano y las multas de peajes ocurre en paralelo a otro señalamiento de la Junta de Supervisión Fiscal sobre el presupuesto general del gobierno para 2027.
En una evaluación separada, el organismo fiscal indicó que, aunque el marco presupuestario propuesto por la administración de Jenniffer González se alinea en términos generales con el Plan Fiscal certificado, aún presenta “riesgos materiales” para la operación de agencias y servicios esenciales.
La Junta sostuvo que el gobierno no asignó recursos suficientes para atender necesidades operacionales en múltiples dependencias, y alertó que algunos recortes podrían comprometer la continuidad de programas clave en áreas como seguridad, educación, salud y servicios sociales.
Además, señaló que la propuesta presupuestaria no cumple completamente con los estándares de contabilidad requeridos bajo la ley PROMESA, lo que añade presión adicional al proceso de revisión.
En ese contexto, el organismo ha insistido en la necesidad de fortalecer los ingresos recurrentes del gobierno y sus instrumentalidades, incluyendo la Autoridad de Carreteras y Transportación.
