Hay dos cosas que Puerto Rico necesita con urgencia y que, durante muchos años, han parecido imposibles de tener al mismo tiempo. Hablo de un sistema de permisos que funcione de verdad y de un Estado que no abuse del poder que se le otorga para lograrlo.
En esa tensión viven los dos proyectos de ley que hoy se debaten en el Senado (PS 1173 y PS 1183), así como la oportunidad más seria que ha tenido Puerto Rico en décadas para reformar de raíz una burocracia que nos ha costado empleos, inversiones, desarrollo y crecimiento económico.
Seamos honestos. El sistema actual de permisos no sirve. Un permiso de construcción ordinario puede tardar más de un año, lo cual resulta inadmisible. Por esa rémora burocrática, Puerto Rico ocupa el puesto 143 en facilidad para obtener permisos, según el Banco Mundial, mientras que Estados Unidos ocupa el puesto 6.
No es que tengamos estándares más altos de protección; es que tenemos más formularios, más agencias con criterios distintos, más ventanillas donde el tiempo de alguien vale más que el de nadie. Eso no es rigor. Eso es corrupción institucionalizada en cámara lenta.
Los dos proyectos que hoy se discuten en la Asamblea Legislativa parten de ese diagnóstico correcto, y eso es motivo de optimismo. El PS 1173 propone algo muy inteligente. Clasifica todo uso posible en una escala objetiva del uno al diez, sin margen para el capricho del funcionario. Si tu actividad cae en el nivel tres, no tienes que pedir permiso; declaras y operas. Simple, claro, medible. Es tratar al ciudadano como adulto.
El PS 1183, por su parte, propone reconstruir las instituciones desde cero con una oficina centralizada, tecnología unificada y profesionales acreditados con responsabilidad real. Juntos, los dos proyectos trazan el camino correcto. Separados o mal integrados, pueden volverse el problema que vinieron a resolver.
Porque aquí es donde hay que detenerse. El PS 1183 contiene una cláusula de supremacía que otorga al Ejecutivo un poder extraordinario sobre todo el sistema de permisos, por encima de las leyes y reglamentos vigentes y, lo que más preocupa, de la autonomía de los municipios. Eso es mucho poder en pocas manos.
El municipio que conoce su terreno, que escucha a sus vecinos, que tiene un plan de ordenamiento actualizado, como es el caso de Bayamón, quedaría subordinado a una dependencia central con autoridad casi absoluta. La historia de Puerto Rico nos ha enseñado, a un costo muy alto, lo que ocurre cuando el sistema de permisos se concentra sin controles. No se agilizan los buenos proyectos; se aceleran solo los convenientes para algunos.
De la misma manera que nadie sensato defiende que construir un hotel tarde dos años, tampoco puede defenderse que una sola dependencia ejecutiva invalide leyes y reglamentos con autoridad suprema e irrecurrible. El desarrollo que buscamos necesita seguridad jurídica, y la seguridad jurídica no puede existir donde el poder no tiene límites.
La Constitución de Puerto Rico es sabia en ese sentido. Conservar y desarrollar son mandatos complementarios, no contrarios, y esa sabiduría no puede sacrificarse en aras de la agilidad.
Hoy, cuando la Asamblea Legislativa debate dos proyectos que buscan reformar el esquema de permisos en la isla, lo que se necesita es la voluntad política para hacer de ambos un solo código coherente. Tomemos la innovación operativa del PS 1173 como columna vertebral y el andamiaje institucional del PS 1183 como soporte. A la cláusula de supremacía, pongámosle controles legislativos, criterios objetivos y respeto a la autonomía municipal. El resultado será una reforma realizada con seriedad y revisión constitucional.
El país que queremos no es el que tarda un año en otorgar un permiso. Tampoco es el que lo da en un día sin preguntarle nada a nadie. Es quien encuentra el camino entre ambos extremos. Ese camino existe. Solo requiere que el gobierno haga lo más importante, legislar bien.
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