Por años, el debate sobre el presupuesto de Puerto Rico ha estado marcado por una tensión constante entre la necesidad de disciplina fiscal frente a la obligación del Estado de garantizar servicios esenciales. La más reciente comunicación de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) sobre el presupuesto propuesto para el año fiscal 2027 vuelve a colocar esa tensión en primer plano, dejando claro que, aunque se han logrado avances técnicos, persisten fragilidades estructurales que no pueden ignorarse.
A primera vista, el panorama parece positivo. La Junta reconoce que el presupuesto revisado por el gobierno cumple, en términos generales, con las metas del Plan Fiscal. Este dato no es menor. Implica que, al menos en papel, Puerto Rico continúa alineado con una ruta de sostenibilidad financiera diseñada tras años de crisis, quiebra y reestructuración. Sin embargo, ese cumplimiento macroeconómico contrasta con una realidad mucho más compleja cuando se examinan los detalles.
El señalamiento más contundente de la JSF no es ideológico, sino técnico. Y es que el presupuesto no fue preparado utilizando el método de contabilidad de acumulación modificada, el estándar acordado para el Fondo General. Este tipo de incumplimiento puede parecer abstracto, pero tiene implicaciones profundas. No se trata solo de una diferencia metodológica. Se trata de la capacidad del gobierno para reflejar con precisión sus obligaciones y gastos reales. En otras palabras, es una cuestión de transparencia y credibilidad.
Más preocupante aún es el tema de los riesgos operacionales. La Junta advierte que varias de las reducciones propuestas por el gobierno podrían comprometer la continuidad de servicios esenciales. Aquí es donde el debate deja de ser técnico y se vuelve profundamente humano. ¿Qué significa “reducir riesgos” en un presupuesto? Significa, en la práctica, decidir si habrá suficientes médicos en el sistema correccional, si las academias de seguridad pública podrán entrenar nuevos agentes, o si los sistemas tecnológicos que sostienen operaciones gubernamentales seguirán funcionando sin interrupciones.
El problema no es nuevo. Puerto Rico lleva años operando en una lógica de ajuste continuo, donde cada ciclo presupuestario implica recortes, reasignaciones y la esperanza de que los números cuadren sin que colapse el servicio público. Pero lo que revela esta carta es que ese margen de maniobra se está estrechando. Ya no se trata solo de recortar excesos. Se trata de evitar recortar lo indispensable. Pero ¿recuerdan que nos habían dicho que estábamos boyantes?
La insistencia de la JSF en mantener una “reserva de riesgos” es un reconocimiento implícito de que el presupuesto no está blindado frente a imprevistos. Y en Puerto Rico, los imprevistos no son la excepción, sino la norma. Cuente los desastres naturales, fluctuaciones en fondos federales, presiones inflacionarias, costos de la burocracia (red tape) y sin una reserva adecuada, cualquier desviación puede traducirse rápidamente en crisis operacionales.
Sin embargo, también es válido cuestionar el enfoque de la Junta. La imposición de controles estrictos refuerza un modelo de gobernanza donde la autonomía del gobierno electo sigue limitada. En otras palabras, nuevamente sostienen, son los verdaderos gobernadores de Puerto Rico.
¿Hasta qué punto la supervisión fiscal está contribuyendo a la estabilidad, y en qué momento comienza a obstaculizar la gobernanza efectiva? La historia reciente demuestra que la falta de controles llevó a una crisis profunda. Pero también es cierto que un exceso de rigidez puede generar ineficiencias y desconexión con la realidad operacional de las agencias.
El caso del presupuesto 2027 ilustra precisamente ese dilema. Por un lado, el gobierno logra presentar un documento alineado con las metas fiscales. Por otro, ese mismo documento revela debilidades en su ejecución potencial. La Junta interviene para corregir, ajustar y condicionar. El resultado es un proceso que, aunque colaborativo en apariencia, sigue siendo disfuncional.
Lo más preocupante es que este ciclo parece repetirse año tras año. Se presenta un presupuesto, se identifican riesgos, se realizan ajustes y se establecen controles adicionales. Pero rara vez se aborda la raíz del problema, que es la capacidad institucional del gobierno para planificar, ejecutar y sostener políticas públicas de manera eficiente y autónoma.
En última instancia, el debate sobre el presupuesto no debería centrarse únicamente en si cumple o no con el Plan Fiscal. Debería enfocarse en si el país está construyendo las bases para salir, eventualmente, de este esquema de supervisión. Y la carta de la JSF sugiere que aún estamos lejos de ese objetivo.
Puerto Rico se encuentra, una vez más, en una encrucijada. Puede continuar ajustando números para cumplir con requisitos externos, o puede aprovechar este proceso para fortalecer sus instituciones y redefinir sus prioridades. Lo primero garantiza estabilidad a corto plazo. Lo segundo es mucho más difícil, pero esencial para el futuro.
La pregunta es si existe la voluntad política y la capacidad técnica para dar ese paso.
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