La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) avaló en términos generales el marco del presupuesto propuesto para el año fiscal 2027 sometido por la administración de Jenniffer González, pero advirtió que la versión presentada por el gobierno de Puerto Rico aún presenta riesgos materiales para la operación de agencias y no cumple con requisitos técnicos establecidos bajo la ley PROMESA.
En una carta fechada el 24 de abril y dirigida a la gobernadora Jenniffer González, el organismo creado bajo la ley federal PROMESA reconoció que el presupuesto revisado se alinea en agregado con las metas del Plan Fiscal certificado. No obstante, sostuvo que el gobierno no asignó recursos suficientes para atender riesgos operacionales en múltiples dependencias públicas.
“La Junta determinó que, aunque el presupuesto propuesto se alinea en agregado con las metas del Fondo General, el gobierno no asignó recursos adecuados para cubrir riesgos operacionales en ciertas agencias”, establece el documento.
El señalamiento más contundente de la JSF apunta a un incumplimiento técnico: el presupuesto no fue elaborado bajo el método de contabilidad de acumulación modificada, el estándar acordado para el manejo del Fondo General. Según la Junta, esta desviación implica que la propuesta no cumple plenamente con los requisitos de PROMESA, a pesar de su alineación fiscal general.
El organismo también alertó que varios de los recortes planteados por el Ejecutivo podrían comprometer la continuidad de servicios esenciales. En su evaluación, la Junta identificó como áreas críticas la necesidad de garantizar fondos para beneficios estatutarios, contratos tecnológicos esenciales, adiestramientos en agencias de seguridad pública, estabilidad en el sistema educativo y la continuidad de programas sociales y de salud.
“Varias de las reducciones propuestas presentan riesgos materiales para la continuidad de operaciones y servicios esenciales”, advirtió la entidad en la misiva.
Aquí puedes ver la carta:
La carta detalla que, tras un proceso de intercambios con el gobierno, la Junta accedió a aceptar parte de las reducciones presupuestarias, aunque insistió en que algunos riesgos persisten, particularmente en escenarios donde los costos reales superen las proyecciones. En ese contexto, enfatizó la importancia de mantener una reserva fiscal que permita atender necesidades adicionales durante el año fiscal.
El proceso presupuestario incluyó múltiples rondas de revisión. La Junta había determinado inicialmente que la propuesta no cumplía con los parámetros del Plan Fiscal certificado. Sin embargo, luego de reuniones sostenidas en marzo, el gobierno sometió una versión revisada que incorporó ajustes discutidos con el ente fiscal.
Aun así, la JSF dejó claro que continuará trabajando con la administración para asegurar que el presupuesto final cumpla con los estándares contables requeridos y refleje de forma más precisa las obligaciones reales del gobierno.
El intercambio entre la Junta y La Fortaleza ocurre en paralelo a tensiones con la Legislatura sobre el proceso presupuestario. El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Eddie Charbonier Chinea, cuestionó recientemente expresiones de la gobernadora en torno a las vistas públicas, defendiendo que el análisis legislativo continúa conforme al calendario validado por la propia Junta.
Se espera que el presupuesto sea formalmente radicado ante la Asamblea Legislativa próximamente, donde comenzará la fase final de evaluación antes de su eventual certificación.
