Al completar el primer proceso de competencia en más de una década, la Administración de Seguros de Salud del Gobierno de Puerto Rico (ASES), anunció hoy la otorgación de un contrato de $30 millones para administrar la red de farmacias, bajo el modelo de servicios profesionales conocido como Administrador de Beneficios de Farmacia (por sus siglas en inglés, PBM) y el Manejador del Programa de Reembolsos de Medicamentos de Medicaid (MDRP) y otros servicios de reembolsos de medicamentos en conjunto, “Rebate Aggregator” a la firma Abarca Health LLC de San Juan.
El anuncio se hizo mediante comunicado de prensa en voz del director ejecutivo de ASES, Jorge Galva.
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“Como resultado de un riguroso proceso, la Junta de directores de ASES adjudicó este contrato a Abarca Health LLC de San Juan por ser la entidad más responsiva que demostró tener la capacidad, conveniencia y a la vez presentar precios competitivos para proveer estos servicios profesionales”, explicó Galva tras enfatizar que la economía que generará esta nueva contratación “redundará en beneficios para los pacientes y/o beneficiarios del Plan Vital”.
En el proceso hubo dos comités: uno técnico, encargado de evaluar las credenciales de las compañías que respondieron a la convocatoria, y otro ejecutivo, con la función de analizar si las ofertas presentadas cumplen con los requisitos establecidos en la solicitud de propuestas (RFP).
En los últimos años, los servicios de PBM para los asegurados del Plan Vital los ha estado proveyendo MC-21 Corporation, a un costo para ASES de $15 millones anuales, de acuerdo con el registro de contratos del Contralor. Abarca Health, en tanto, se ha encargado de la parte de RA, por la misma cantidad anual.
La ausencia de competencia que ha prevalecido en la contratación para el manejo de fondos de Medicaid en Puerto Rico fue el principal señalamiento que emitió en febrero un informe de la Oficina de Contabilidad General (GAO) del gobierno federal. Específicamente, el informe concluyó que, de ocho adquisiciones por parte del Departamento de Salud y ASES que se analizaron, solo una conllevó un proceso competitivo siguiendo los estándares federales aceptados. En otras dos, aunque se abrió a competencia, no se cumplió con todos los estándares federales y en las cinco restantes no se justificaron los motivos para conceder contratos sin competencia.
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El GAO puntualizó que, si bien los gobiernos estatales no están obligados legalmente a implantar las prácticas de contratación avaladas por las autoridades federales, no seguir estos protocolos abre la puerta a fraude y pérdida de fondos.
Además del informe del GAO, la ley que autorizó los fondos de Medicaid para los años fiscales federales 2020 y 2021 exigió a las autoridades de salud en Puerto Rico una serie de estándares de cumplimiento y evidenciar prácticas antifraude en los programas federales.
En el proceso de RFP que abrió ASES, la Administración de Servicios Generales (ASG) los demandó para requerir información. ASG solicitaba la totalidad del expediente que se abrió para el proceso de selección, al igual que el “listado de los compradores y copia de sus nombramientos” desde el 3 de enero de 2021. Sin embargo, en el proceso modificaron su petición por la vía juicial para obtener copia de documentos públicos que ya se le había ofrecido antes de la acción judicial, según un comunicado de ASES.
En aquel momento, el director ejecutivo de ASES, Jorge Galva, subrayó lo que a su juicio era la importancia de haber preservado el proceso de selección del proveedor en ASES ante los requerimientos de información de ASG que no procedían en derecho. El caso fue archivado por tornarse académico.
