La Administración de Seguros de Salud (ASES) prevaleció en una demanda que radicó la Administración de Servicios Generales (ASG) ante un proceso de solicitud de propuestas que se inició el pasado marzo y que giró en torno a un contrato de $30 millones para seleccionar un proveedor del Plan Vital del Gobierno de Puerto Rico.
ASG intentó obtener información privilegiada de un expediente en posesión de ASES para contratar un Manejador de Beneficios de Farmacia y Negociador del Programa de Reembolsos para el Plan de Salud del Gobierno a través de requerimientos de información el 6 y 7 de julio. Entre los requerimientos, ASES solicitó la totalidad del expediente que se abrió para el proceso de selección, al igual que el “listado de los compradores y copia de sus nombramientos” desde el 3 de enero de 2021.
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Aunque ASES le ofreció a ASG información pública de la solicitud de propuesta, sin revelar el listado de compradores u otros datos que formaban parte de la evaluación para la selección del proveedor, ASG demandó a ASES para obtener todos los documentos de manera ex parte, es decir, sin la presencia del demandado, el 6 de octubre de 2021.
Posteriormente, luego de una defensa presentada por ASES para mantener la totalidad del expediente confidencial, ASG solicitó el archivo del caso luego de cambiar de posición en torno a la información que requería del mismo.
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El director ejecutivo de ASES, Jorge Galva, subrayó la importancia de haber preservado el proceso de selección del proveedor en ASES ante los requerimientos de información de ASG que no procedían en derecho.
“Me pareció altamente preocupante y sospechoso el primer requerimiento de la ASG, en medio de un proceso de Requerimiento de Propuesta para obtención de los servicios profesionales para el Manejador de Beneficios de Farmacia. Me solicitaron el expediente de este caso cuando a mi mejor entendimiento la ASG no tenía ese poder”, sostuvo Galva.
La demanda radicada por ASG, que primero solicitó la totalidad del expediente, resultó ser académica tras la agencia modificar su requerimiento durante una moción presentada el 25 de octubre en que limitada su participación a “indagar sobre el tipo de servicio que se está licitando”. Por consiguiente, ASES procedió a revelar la información pública del expediente el 2 de noviembre de 2021 y el mismo día ASG presentó otra moción de desistimiento.
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El martes, el juez de primera instancia Alfonso S. Martínez, ordenó el archivo de caso al reconocer el cambio de solicitud por parte de ASG.
“Actuamos correctamente, conforme a nuestras leyes y la jurisdicción de las agencias. Este es un proceso que teníamos que defender ante la transparencia que debe regir las operaciones públicas”, indicó Galva.