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Gobierno federal audita cumplimiento de PUA y otras ayudas de desempleo

El secretario del DTRH, Carlos Rivera advirtió la semana pasada que quienes cometan fraude se enfrentan a cargos criminales y cobros por parte de la agencia

La Oficina del Inspector General del Departamento del Trabajo de Estados Unidos inició una segunda fase de auditoría en la que investiga la supervisión de los estados a los programas de desempleo incluidos en la Ley Cares, como el PUA y los $600 semanales.

La pasada semana, el secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), Carlos Rivera, informó que esa oficina investigará e irá tras los que solicitaron la ayuda federal de manera fraudulenta.

Según Rivera, los ciudadanos que proveyeron información falsa para recibir el Programa de Desempleo por Pandemia (PUA, por sus siglas en inglés), podrían enfrentarse a cargos criminales y solicitudes de devolución de dinero por parte del Gobierno federal.

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Sin embargo, la Isla no es el único lugar en el que se han registrado esos casos, pues la agencia federal emitió una alerta en mayo por riesgo fraude en otras jurisdicciones estadounidenses.

Habían advertido de riesgo de fraude

El 26 de mayo de 2020 la Oficina del Inspector General del Departamento del Trabajo emitió un memorando a John P. Pallasch, Subsecretario de la Administración de Empleo y Formación en el detalla medidas proactivas para detectar y prevenir pagos indebidos y fraude.

En el documento, la OIG indica que “los costos de los beneficios de PUA se estiman actualmente en un total de casi 110,000 millones de dólares. El riesgo asociado de pagos indebidos y fraude es significativo, ya que el programa del seguro de desempleo experimenta históricamente algunas de las tasas de pago impropio más altas dentro del gobierno federal. La Oficina del Inspector General cree que la dependencia del estado de las autocertificaciones solo para garantizar la elegibilidad para PUA conducirá a un aumento de los pagos indebidos y el fraude”.

En el memorando, Elliot P. Lewis, Subinspector Oficina General de Auditoría, manifiesta que la alerta se da a fin de que los estados implementen medidas para evitar el fraude del PUA. Según explica, que la Ley Cares determina que a 21 días de solicitar el PUA, los ciudadanos deben someter pruebas de ingresos, planillas, entre otros documentos que evidencien que trabajaban por cuenta propia al momento de la pandemia.

Sin embargo, la misma Oficina del Inspector General del Departamento del Trabajo expone que el estatuto no especifica qué pasará si los solicitantes no proveen esa información en 21 días, por lo que continúan recibiendo la ayuda.

“En consecuencia, una persona podría continuar recibiendo un promedio de $ 775 por semana basándose únicamente en una declaración inicial de autocertificación no documentada de que se cumplió uno de los motivos relacionados con el COVID-19; y al reconocer cualquier tergiversación intencional para obtener beneficios de PUA constituye fraude”, expuso Lewis.

Auditoría a programas de desempleo

Tras esa advertencia, la Oficina del Inspector General avisó el pasado 6 de julio que ya se encontraba en la fase 2 de auditoría de las ayudas de desempleo incluidas en la Ley CARES.

“Tenga en cuenta que la Oficina del Inspector General está iniciando la Fase II de nuestro Plan de Supervisión relacionada con la respuesta del Departamento a la pandemia de Coronavirus bajo la Ley CARES. Esta auditoría se centrará en las actividades de administración y supervisión del Departamento del Trabajo para garantizar que los estados cumplan con las disposiciones clave del seguro de desempleo de la Ley CARES”, informó el Subinspector Oficina General de Auditoría.

Asimismo, indica que la auditoría comenzará de inmediato.

En su informe semanal, el Departamento del Trabajo federal detalló que en cuanto al seguro de desempleo, en la semana que terminó el 4 de julio la Isla recibió 11,158 solicitudes para el seguro de desempleo. Mientras tanto, en ese mismo periodo el DTRH en Puerto Rico recibió 39,502 solicitudes para el PUA.

 

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