Mientras decenas de personas se mantienen en espera para recibir asistencia por desempleo, el secretario del Trabajo, Carlos Rivera Santiago, indicó hoy que la agencia irá tras aquellas personas que cobraron el beneficio por desempleo debido a la pandemia (PUA, por sus siglas en inglés) de manera indebida.
De acuerdo con el funcionario, las personas que suministren información que no es correcta para poder recibir el beneficio económico podrían enfrentar cargos criminales y que el Departamento del Trabajo recobre la asistencia monetaria.
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“Si una persona, igual pasa con cualquier seguro, del alguna manera miente o pone información que no es correcta para recibir el reclamo de un seguro o como en este caso el beneficio del PUA del desempleo esa persona además de exponerse a posibles cargos criminales porque es un delito hacer algún tipo de fraude a un seguro se expone a que el Departamento tiene que recobrar ese dinero y que va a tener que ir contra aquellas personas que hayan recibido ese dinero y no les corresponde”, señaló el funcionario en entrevista radial en Red Informativa.
Rivera Santiago, además, sostuvo que estarán estudiando cada reclamación y cotejando la información de los solicitantes con el Departamento de Hacienda. Incluso, comentó que la Oficina del Inspector General federal está investigando las transacciones y reclamaciones de los ciudadanos de este beneficio económico.
“Por eso es que el Departamento tiene que verificar e ir al detalle de cada reclamación para evitar que se le pague a una persona de manera indebida se le de a lo mejor $6,000 o $7,000 y tengamos entonces que recobrar ese dinero”, dijo. Agregó que los requisitos para recibir este beneficio responden a regulaciones federales.
Mientras tanto, la agencia no ha indicado aún si comenzó una investigación por el supuesto cobro que requerían empleados de la agencia para agilizar las solicitudes de personas que reclamaban la asistencia.
La semana pasada, la gobernadora Wanda Vázquez y la comisionada residente Jenniffer González, exigieron que se inicie una pesquisa interna para eventualmente referir a estas personas a las autoridades federales.
