Los representantes Jesús Manuel Ortiz, Carlos Bianchi Angleró, Ramón Luis Cruz, Luis Vega Ramos y Aníbal Díaz reclamaron el martes al gobernador Ricardo Rosselló que encamine acciones concretas para detener la ola de violencia y por ello, presentaron iniciativas inmediatas para encaminar una acción coordinada y efectiva entre las agencias de orden público.
“Puerto Rico vive una emergencia de seguridad pública. La impunidad es la ley en la calle pues el estado no puede garantizar orden ni esclarecimiento de casos bajo las circunstancias actuales de las agencias de seguridad. Nos alegra que el gobernador finalmente haya aceptado que necesita la ayuda de todos los sectores para atender este problema. Lo exhortamos a que sea inclusivo en esa discusión y a que la misma no se quede en un mero ejercicio fútil, sino que se traduzca en ejecución de estrategias para atajar esta alarmante ola criminal. Aquí incluimos algunas sugerencias. El país no puede esperar más”, sentenció en una comunicación Ortiz González, portavoz del PPD en la Comisión de Seguridad Pública.
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Dijo que para que la cumbre que propuso el ejecutivo sea efectiva, deben incluirse a los alcaldes, los jefes de agencias de seguridad pública, expertos en el tema de seguridad dentro y fuera del gobierno, la academia, las organizaciones de fiscales, las agencias federales, legisladores, las organizaciones que agrupan a los Policías y a todos los pasados superintendentes de la Policía, los exsecretarios de Justicia y Corrección.
Entre las medidas que los legisladores propusieron está enviar a la calle a los efectivos de las Unidades de Operaciones Tácticas, SWAT; y la división de Seguridad y Protección – que suman unos 125 efectivos y que permanecen acuartelados la mayor parte del tiempo – para reforzar la vigilancia preventiva en áreas de alta incidencia criminal, zonas turísticas, de alto movimiento de ciudadanos tales como los centros comerciales, escuelas, gasolineras, vías públicas, bancos y zonas comerciales.
Asimismo, los legisladores del PPD exigieron que la Administración de Vivienda Pública (AVP) debe ordenarle a toda compañía privatizadora que establezcan planes de vigilancia y contraten seguridad privada para el entorno residencial, las zonas comunales, y las escuelas que estén dentro de sus respectivos perímetros en los proyectos de vivienda y se establezca un procedimiento expedito para que se atiendan las solicitudes de controles de acceso a las urbanizaciones y se otorguen permisos provisionales en periodos de 48 horas.
Sobre el uso de tecnología, los legisladores del PPD reclamaron la reactivación del programa de detección de disparos conocido como “shotspotter”, la ampliación del programa Compstat que identifica patrones de conducta criminal y acelera el esclarecimiento de casos; además, que se revisen los sistemas de vigilancia electrónica a los acusados de delitos violentos que estén bajo fiadores privados o bajo fianzas diferidas por la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio (OSAJ); que se refuerce la Superintendencia Auxiliar de Investigación Criminal que está prácticamente paralizada y se reactiven las academias de fiscales para aumentar los esclarecimientos de casos.
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Además, propusieron que se retome la discusión seria, con expertos y desde una perspectiva multidisciplinaria, de posibles enmiendas a la Ley de Armas para proteger a la ciudadanía contra incidencia de disparos en áreas públicas, enmiendas a las Reglas de Procedimiento Criminal sobre el uso de grilletes electrónicos, declarar un estado de emergencia para la atención de los “rape kits” que esclarezcan más de 2,000 casos atrasados de violaciones y agresión sexual; y se busquen opciones para aumentar los técnicos de balística y con ello mejorar los procesos del Negociado de Ciencias Forenses (NCF).
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También urgieron a que se examinen alternativas para mejorar las condiciones de trabajo de los policías, en especial los reclamos sobre su sistema de retiro y su seguro por incapacidad.
Por su parte, Bianchi Angleró resaltó que la población está atemorizada debido al incremento desmedido de los asesinatos y robos de vehículos en los primeros días del nuevo año. Del mismo modo, Cruz Burgos, portavoz alterno del PPD manifestó que por más de un año han planteado opciones para atajar la preocupante ola criminal que arropa al país, y que en más de una ocasión legisladores de minoría y mayoría hemos coincidido en que no ha habido respuesta efectiva por parte de Fortaleza para atender el asunto.
Entretanto, Vega Ramos, quien es portavoz PPD en la Comisión de lo Jurídico, enfatizó que el gobernador y la Junta de Control Fiscal (JCF) deben de cara a la cumbre propuesta identificar y acordar la redirección de partidas que no afecten servicios esenciales, incluyendo parte de los recursos multimillonarios que le han sido asignados a la propia Junta para atender esta crisis. Por otro lado, el representante Díaz alegó que durante el cuatrienio del 2013 al 2016, se registró la reducción más grande de los delitos Tipo 1, incluyendo los asesinatos, por la ejecución de un plan anticrimen bien pensado. En ese cuatrienio, se redujeron los asesinatos a las cifras más bajas en 22 años y los escalamientos a las cifras más bajas en tres décadas.
