La rectora interina del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Carmen Haydée Rivera Vega, hizo hoy un llamado al gobernador Ricardo Rosselló y los miembros de la Junta d Control Fiscal (JCF) a responderle al país y la Universidad cómo con los recortes propuestos van a mantener la estabilidad financiera del primer centro docente, elemento clave para no perder al acreditación de la primera y única institución universitaria de educación pública de la isla.
“Entendemos que con los recortes propuestos esa estabilidad se compromete, ahí es donde tanto el gobernador Ricardo Rosselló como los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal tienen que responderle al país y tienen que responderle a la Universidad, ahí es hacia donde yo veo la conversación moviéndose desde hace unos cuantos meses”, afirmó Rivera Vega durante el día de hoy.
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De acuerdo a la rectora interina, en una carta enviada a la institución por la presidenta de la Middle States Commission on Higher Education (MSCHE, por sus siglas en inglés), Elizabeth H. Sibolski, se plantea en el primer punto y como uno de los requerimientos de afiliación “que están velando muy de cerca” la estabilidad financiera de la institución.
“Todos los sectores universitarios le estamos reclamando a las autoridades, es imposible tener estabilidad financiera como lo indica esta carta y como nos manda la Comisión que nos acredita como institución universitaria, es imposible mantener esa estabilidad con los cortes propuestos.Por lo tanto, son las autoridades que tienen que tomar las decisiones importantes, los miembros de la Junta tienen que entender que el proyecto universitario necesita de esta estabilidad y ese es el punto donde estamos en este momento”, puntualizó Rivera Vega.
De acuerdo a la académica, pese a las diferencias o visiones diferentes que puedan surgir entre los distintos sectores universitarios, tanto los profesores, como los estudiantes, rectores y la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND),han estado siempre en la mejor disposición de dialogar, “pero también claros de que es a ellos (Gobierno y JCF) quienes les toca asegurar esa estabilidad”.
- La UPR, Recinto de Río Piedras, tiene una matrícula de 16,276 estudiantes
- Un 60 por ciento de ellos depende de becas o préstamos estudiantiles federales
- Esas ayudas económicas se ponen en juego, si se pone en juego la acreditación universitaria
- “Se pone en juego la educación de los jóvenes de nuestro país”. -Carmen Haydée Rivera Vega, rectora interina
Rectores desconocen aún impacto directo en los recintos y unidades
Rivera Vega indicó que los rectores desconocen aún el impacto directo que tendría el plan fiscal que se prepara para la UNR en los once recintos y unidades del sistema universitario.
“Esa información se la tendría que preguntar a las autoridades en presidencia, que son los que están trabajando en ese plan fiscal. Todavía están trabajando en ese plan fiscal y no tenemos información concreta de cómo afectan los recortes a nuestros recintos”, dijo la rectora interina a Metro.
La catedrática adelantó que la próxima reunión entre rectores y la presidenta interina de la UPR, Nivia A. Fernández Hernández, será el próximo 5 de abril y allí se espera discutan un poco más en detalle el monto final propuesto en recortes y el impacto directo en los recintos.
No existe aún una cifra oficial de recortes en el plan fiscal para la UPR. Aunque la JCF propone que sea de unos $450 millones, el pasado 20 de marzo el gobernador Rosselló envió una carta dirigida al presidente de la Junta, José Carrión, en la que enumera una serie de propuestas que podrían allegarles fondos a la UPR y reducir en recorte a $241 millones. En principio, se había hablado de un recorte de $300 millones.
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“Hay en esta institución unos diálogos acerca de cuánto podría ser, cómo podríamos mantener la solvencia y la estabilidad fiscal en la institución. Esos diálogos continúan, ciertamente”, apuntó Rivera Vega.
UPR Río Piedras hacia la reestructuración
La rectora interina reafirmó que tanto ella como los demás rectores y la Administración universitaria se han mantenido en diálogo con los jefes de agencias de gobierno para delimitar planes y medias que alleguen fondos a la Universidad, principalmente a través de la Orden Ejecutiva 2017-021 y la Ley 8, ambas firmadas por Rosselló, para que la UPR ofrezca servicios de capacitación y recapacitación a empleados gubernamentales.
Respecto a los servicios al estudiantado, afirmó que “en la Universidad hay servicios que no pueden ser afectados de ninguna manera, servicios que prestamos para viabilizar la tarea académica, no pueden interrumpirse “.
Sin embargo, explicó que no se descarta la fusión de programas académicos o departamentos, el ofrecimiento de más programas en línea, además de la reestructuración administrativa.
“Aveces son programas bastante a fines que están en unidades separadas, ver cómo podemos entonces reestructurar y ser más ágiles en la tarea académica”, explicó.
“Eso no redunda necesariamente en despido de trabajadores, aquí hay un compromiso y puede significar reubicación, pero nuevamente en esas discusiones estamos”, apuntó Rivera Vega.
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