Tras el paso del Huracán María hubo un gran período de incomunicación en la isla. Esa falta de comunicación llegó al punto del desespero para miles y miles de puertorriqueños. Los que mejor suerte tuvieron agarraban algo de señal en los paseos de los expresos, pero los pueblos de la montaña tuvieron largos meses sin señal. Yo tuve que viajar hasta Jayuya para saber cómo estaba mi mamá y mi familia porque no había comunicación meses después. Así de indispensable son las comunicaciones, no solo en Puerto Rico, si no en el mundo.
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Estados Unidos anunció la inversión de $40 billones en los 50 estados y sus territorios para fortalecer, y sobre todo expandir, la tecnología de las telecomunicaciones. Repito: EX-PAN-DIR. Puerto Rico está en esos planes. No obstante, nuestra legislatura hace su mayor esfuerzo para llevarnos para atrás. Nuestros “genios” radicaron una legislación para hacer prácticamente imposible desarrollar y fortalecer la infraestructura de las telecomunicaciones.
Hace dos años nuestros “genios” radicaron en la Cámara de Representantes una medida legislativa a la que solo le faltó el “Decrétese por la Asamblea Legislativa… la prohibición de las torres y antenas de comunicación en Puerto Rico”. De hecho, lucirían más honestos si así lo hicieran. Se trata del P. de la C. 663 que crearía la “Ley de Seguridad Ciudadana sobre la Construcción, Instalación y Ubicación de Torres de Telecomunicaciones de Puerto Rico”. Si nos dejamos llevar por estas posiciones radicales de prohibiciones, y con lo acelerado que va el mundo en ese tema, no tardaríamos mucho en tener por sistema de comunicaciones lo que tenemos hoy por infraestructura de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). ¿Imagina que no se hubiese vendido la Telefónica de Puerto Rico? Lo he dicho antes, nuestra deuda y quiebra sería mayor si la hubiésemos mantenido en manos del mismo gobierno que quebró la AEE, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y la Autoridad de Carreteras, por solo nombrar tres. En ese sentido el gobierno quiebra lo que tiene en su poder y con su populismo, lleva a la quiebra al sector privado también.
¿Piensa que este proyecto no es radical y que es inofensivo? Pues mire esto: ¿sabe dónde no se puede levantar una torre o instalar antenas por prohibición de esta medida? A menos de 1,500 pies de una escuela, una iglesia, centros de cuidos, centros de trabajo. Usted lo lee y podría entender que es razonable, pero más adelante analizamos su “razonabilidad”. Si la torre se va a levantar en una zona no residencial, que sea rural o no zonificada, tiene que estar a más de 1,500 pies del próximo terreno colindante.
Añade el proyecto: “…no se permitirá la ubicación y construcción de torres de comunicaciones en los centros o “cascos” urbanos de los municipios, hospitales, escuelas, gasolineras, estructuras de servicios esenciales como tanques de agua y centrales eléctricas, reservas agrícolas o zonas residenciales. Tampoco se permitirá la construcción de torres de telecomunicaciones en zonas ecológicamente sensitivas o de valor ecológico”. O sea, no se puede cerca de residencias, no se puede en cascos urbanos, no se puede en terrenos “ecológicamente sensitivos” (bosques), no se puede en terrenos “agrícolas”. Todo suena muy bien y emotivo, pero ¿qué terreno quedaría en una isla de 100 x 35 para desarrollar infraestructura? El proyecto prácticamente hace inviable desarrollar infraestructura de telecomunicaciones.
¿Cree que es todo? Si usted tiene una finca y decide instalar una torre, tiene que notificar a todos los dueños de terrenos colindantes a un kilómetro, no de dónde va la torre, si no a un kilómetro del borde de su finca. Si no consigue a todos los dueños de las fincas colindantes, no procede el permiso. Indica también que, si se va a levantar una torre que no cumpla con las condiciones de este proyecto, pues todos los dueños de terrenos colindantes tienen que aprobarlo.
La “cherry en el postre” es que la lentísima Oficina de Gerencia de Permisos (OGPE) celebre vistas públicas. ¿En serio? Señores, conozco de proponentes de comercios pequeños y medianos que llevan hasta dos años esperando que OGPE vea sus casos y complete el proceso. Hay personas que han desistido de continuar sus negocios por que se quedan sin dinero para seguir invirtiendo, esperando por OGPE. Pues hasta que esta dependencia no celebre vistas públicas sobre una torre que se quiera levantar, nadie puede moverse. Si OGPE es lentísima para lo más sencillo, esto prácticamente llevaría a que, para la vista pública, probablemente pasen años.
Este proyecto está redactado por diseño para prácticamente prohibir en Puerto Rico el desarrollo de las telecomunicaciones porque por todas las condiciones que impone para mejorar la infraestructura inalámbrica de telecomunicaciones (telefonía e internet), solo se cumpliría en el medio del océano, y cuidado. Así de ridículo es este proyecto que ahora toca verlo en el Senado. Es como si para autorizar la construcción de una represa de agua permitieran usar solo ríos que no se nutran de riachuelos. ¿A cuál río en Puerto Rico no le entra una vena de agua por vía de un riachuelo? Pues eso prácticamente provocaría que no se pueda construir una represa. ¿Entiende la analogía y el extremismo que lleva este proyecto al nivel de la ridiculez?
Como les digo, este proyecto está diseñado para prohibir que se levanten torres y se instalen antenas en Puerto Rico aunque se afecten los servicios al pueblo. ¡Ah! Pero esa es la misma legislatura que cita a las compañías de telecomunicaciones para cuestionarles si no tienen o si no mejoran el servicio. ¿Cómo rayos puede mejorarse si se lo prohibimos con estos proyectos de ley?
Las telecomunicaciones son un servicio esencial y así lo comprobamos con el Huracán María, Irma, Fiona y los temblores.