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Los extremos son terribles y muchas veces terminan mal. Así ocurrió con la medida legislativa que pretendía castigar con cárcel a mujeres que abortaran, siendo la pena máxima 25 años de prisión. Cuando explotó la controversia, entonces se argumentó que que lo que se iba a radicar era una medida de 5 años de cárcel para la mujer que se atreviera a culminar un embarazo, pero que por error radicaron lo que no era.
Evidentemente, ninguno de los tres legisladores del PNP que radicaron la medida leyeron lo que finalmente se radicó. Wilson Román, José “Memo” González y Er Yazzer Morales aseguraron que su intención no tiene que ver con religión, que no fue para “enchular” en el cortejo electoral al sector conservador de la isla, y que solo se trata de “salvar vidas”.
¿Estos legisladores no leen? Bueno… Conociendo lo que acaba de ocurrir con esta radicación, reformulo la pregunta: ¿estos legisladores no tienen memoria ni analizan? Este tema fue discutido el año pasado en dos ocasiones. Primero por la radicación del Proyecto del Senado 693, que buscaba restringir más los parámetros para que una mujer se someta a un aborto, y luego cuando el Tribunal Supremo de Estados Unidos revocó la decisión de Roe vs. Wade y delegó en los estados el poder decisional sobre el tema.
En el caso del proyecto legislativo, este pasó en el Senado y se colgó en la Cámara de Representantes. Sin embargo, el gobernador Pedro Pierluisi, quien en el tema no es una persona antiaborto, ya había adelantado que seguiría el consejo de su Secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, y del Secretario de Salud, el doctor Carlos Mellado.
Sin embargo, tanto Emanuelli como Mellado, por distintas razones, se oponían a las nuevas restricciones. Sus posiciones públicas fueron, debemos suponer, discutidas previamente con el gobernador, porque ningún jefe de agencia va a hacer expresiones públicas en contra de su jefe. Sus posturas, podemos deducir razonablemente, eran las del gobernador.
En el caso de la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos, cuando la decisión bajó, tanto el secretario Emanuelli como el gobernador Pierluisi defendieron el status quo en el tema al plantear que se mantendría el derecho al aborto como estaba. Pierluisi expresó antes de la decisión judicial que siempre podía legislarse en el tema, pero cumpliendo con el derecho aplicable: “…si se legisla, tiene que cumplir con el derecho aplicable. Es decir, cumplir con nuestra Constitución, cumplir con la Constitución de los Estados Unidos. Y, de igual manera, atender, como dije, los planteamientos legítimos de todas las partes interesadas en un tema tan sensitivo y a la vez controversial como este”.
La legislación que proponía 25 años de cárcel para la mujer que aborte, ¿en qué aspecto cumplía con el derecho aplicable como para pensar que el gobernador lo firmaría? Si la respuesta es que cumplía en nada, pues uno más uno es dos y esta medida no sería firmada por Pierluisi, por lo que no tenía otra razón de ser, e intención, que estos legisladores querer ser “más papistas que el Papa” ante el electorado conservador porque la medida solo cumplía con el juego de hacerles creer al sector conservador que ellos son los más conservadores y, por lo tanto, se acuerden de ellos en las elecciones.
De hecho, ni los sectores conservadores salieron a defenderlos y los dejaron solos, por eso retiran la medida.
Esto le da fuerza a la percepción, ¿o realidad?, de que la calidad legislativa ha decaído al punto de que no leen, no piensan, ni analizan en cosas básicas, fallando en lo fácil. Si no leen ni analizan racionalmente en temas como estos, imaginen cuando legislan sobre bonos, billones de presupuesto y cosas mucho más técnicas y complejas.
