Largo y tortuoso el camino hacia la justicia salarial futura de los empleados públicos
Pese a que el gobierno ha asegurado que hay fondos separados para un nuevo plan de retribución, el dinero está condicionado al cumplimiento de diversos indicadores
Por Manuel Guillama
Aunque el gobierno ha insistido desde la semana pasada que cuenta con luz verde de la Junta de Control Fiscal (JCF) y un presupuesto autorizado de hasta $83 millones anuales para implementar un plan de clasificación y retribución que permita mejorar los salarios de los empleados públicos, lo cierto es que al momento no existe un documento elaborado que detalle cómo incrementarán los sueldos en los distintos puestos y agencias.
Paralelamente, el plan fiscal certificado, enmendado por la JCF el 27 de enero, también establece una serie de condiciones relacionadas a los sistemas de contabilidad que el gobierno deberá cumplir previo a que pueda implementarse la llamada “reforma del servicio civil” a nivel general en el aparato estatal, así como controles de asistencia que garanticen que no se pagará a empleados que se ausenten a sus labores.
“Estas manifestaciones generalmente se hacen para urgir al gobierno para que haya voluntad. La voluntad ya la hay, el gobierno tiene un plan y tiene la intención de llevar justicia salarial a todos los empleados públicos, y es que si no lo hacemos los perdemos. Así que la voluntad ya la hay. El reclamo de los bomberos ya nosotros lo tenemos dentro de nuestra estrategia. Quisimos haberlo adelantado desde antes. El gobernador ha insistido en la Junta que el plan de clasificación y retribución se aprobara desde hace un año (y) fue ahora en enero que lo aprobaron. Yo creo que ya comenzamos y esto tiene que de alguna forma darle paz al empleado público porque nosotros no vamos a descansar. El gobierno de Puerto Rico necesita operar y nosotros nos vamos a asegurar que esto ocurra”, planteó hoy la secretaria de la Gobernación, Noelia García, luego de sostener una reunión con el Sindicato de Bomberos Unidos, que reclama un salario base que alcance los $2,500 mensuales.
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Si bien García mencionó que la JCF recién aprobó un plan de clasificación y retribución, el plan fiscal únicamente hace referencia a una reforma de servicio público que se implementaría gradualmente en las agencias de gobierno. La JCF sí fijó una cifra, $84 millones, que entiende costaría la transformación para el año fiscal 2026.
A preguntas de Metro, García aclaró que el plan de clasificación y retribución aún no se ha preparado, sino que el gobierno tiene como objetivo completarlo para enero de 2023.
“Ya se comenzó. Pero antes de enero tiene que estar cada puesto reclasificado con su retribución y en comparación con la competencia del sector privado, para que entonces verdaderamente podamos retenerlos en el gobierno”, sostuvo la jefa del gabinete de Pedro Pierluisi.
“Hay $83 (millones) para el plan de clasificación completo, hay $16 (millones) para poder impactar puestos particulares para retener (empleados) y hay $33 (millones) para crear puestos periciales nuevos. Tenemos un marco en el cual vamos a trabajar. Vamos a ser creativos y agresivos porque la intención de ajustar el plan de clasificación y retribución es asegurar que no perdamos empleados públicos. Hay demasiada pericia, memoria histórica, y mucho trabajo, así que queremos, primero, recompensar el trabajo que ya han hecho y, segundo, retenerlos para asegurar que el gobierno de Puerto Rico continúe siendo operante”, recalcó García.
El plan fiscal, en tanto, menciona que el gobierno y la JCF colaborarán en el establecimiento de un “plan piloto” que se ejecutaría en las divisiones de finanzas Departamento de Hacienda y sus similares en “otras agencias”. El plan piloto tiene como objetivo mejorar la agilidad de las agencias gubernamentales en sus responsabilidades relacionadas a los informes financieros, una de las áreas en que el gobierno ha exhibido grandes retrasos a lo largo de los pasados años.
En la sección del plan fiscal donde se detallan los pasos de la reforma civil, la JCF alude a que el gobierno ha propuesto entregar sus estados financieros auditados del año fiscal 2019 para mayo de 2022, 35 meses luego de finalizar ese año fiscal. Según la JCF, el término adecuado para completar unos estados financieros auditados para un año fiscal determinado es de seis meses.
“Una vez la auditoría del (proyecto) Piloto se complete y la Junta de Supervisión determine que se cumplió con los objetivos, el Plan Fiscal de 2021 provee la opción para la implementación a gran escala de la Reforma de Servicio Civil para el resto del gobierno central. La expansión de la Reforma del Servicio Civil se hará de manera incremental, moviéndose estratégicamente de una agencia gubernamental a otra basado en los indicadores de implementación recopilados por la Junta de Supervisión”, lee el plan fiscal.
En términos fiscales, la JCF estima que las fases del plan de clasificación y retribución costarán unos $12 millones en el presente año fiscal, unos $38 millones en 2023, y $64 millones, $83 millones y $84 millones en los siguientes tres años, respectivamente. Paralelamente, el gobierno vería ahorros producto de los sistemas de asistencia que deberá implementar.
Específicamente, en 2022 esos ahorros serían precisamente de $12 millones, de $38 millones en 2023, $58 millones en 2024, $59 millones en 2025 y $60 millones en 2026.
La JCF utilizó como ejemplo el modelo de ponchador que se comenzó a utilizar en marzo de 2021 en el Departamento de Educación.
“Al momento, se han identificado ahorros acumulados de $22 millones a través de los esfuerzos del Departamento de Educación. La implementación del T&A (sistema de tiempo y asistencia) se estima que ahorrará $58 millones anualmente al asegurar que solo empleados activos que se presenten a trabajar puedan cobrar”, sostiene el documento.
Entre los grupos de empleados públicos que recibirán aumentos ya autorizados por la JCF, producto de los acuerdos entre el organismo y el gobierno luego de la confirmación del Plan de Ajuste de Deuda, figuran los maestros, con incrementos salariales de 20%, así como empleados no docentes del Departamento de Educación, que verán un incremento de entre 5% y 15%.
Los oficiales correccionales, por su parte, tendrán un aumento de 15% para el 2023, mientras que los médicos residentes de la Universidad de Puerto Rico recibirán un alza de 20% en su compensación.
En el caso de los policías y los músicos de la Orquesta Sinfónica, la JCF accedió a separar $850 millones y $20 millones, respectivamente, para mejorar sus condiciones de retiro. Para los policías, además, habrá un pote de $700 millones a lo largo de 30 años para que puedan recibir cobertura del Plan Vital luego de su retiro.
