Solicitan $3 mil de multa a Eliezer Molina por monetizar videos oficiales del Senado
El informe de la Comisión de Ética propone además una amonestación, pero descarta las alegaciones sobre ingresos no divulgados y deudas con el Banco de Desarrollo Económico
La Comisión de Ética del Senado recomendó imponerle una penalidad de $3,000 y una amonestación al senador independiente Eliezer Molina Pérez, tras concluir que utilizó grabaciones oficiales del cuerpo para alimentar plataformas digitales de las que recibe ingresos.
En su informe sobre la Querella 2026-03, firmado por el presidente de la comisión, el senador Juan Oscar Morales Rodríguez, la comisión determinó por voto de mayoría que Molina Pérez violó la Sección 4(g) del Código de Ética del Senado, que prohíbe utilizar fondos o recursos públicos para obtener ventajas o beneficios.
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“Quedó probado que el Senador Molina Pérez reutilizó grabaciones audiovisuales de turnos legislativos, comisiones y vistas públicas, las cuales constituyen propiedad institucional producida exclusivamente con fondos, equipos y personal técnico del Senado de Puerto Rico, para alimentar plataformas digitales privadas de las cuales percibe ingresos económicos por monetización a través de la entidad XXVI Holdings Inc.”, lee el informe.
La comisión también señaló que el senador incumplió la cláusula del contrato entre el Senado y Liberty Communications que prohíbe entregar copias de las grabaciones sin autorización escrita del presidente del cuerpo. Según el documento, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, certificó que nunca recibió una solicitud para autorizar ese uso.
El informe destaca que Molina Pérez sustituyó los logos del Senado y de Cablevisión por sus iniciales, “EM”. De acuerdo con el documento, el senador admitió durante una vista ejecutiva que él mismo edita los logos desde su celular y lo justificó en la necesidad de evitar que le bloqueen sus cuentas en las plataformas digitales.
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“Eliminar un distintivo visual no borra el uso de las cámaras, la señal ni el esfuerzo técnico que hicieron posible la grabación original”, sostuvo la comisión.
El senador presentó una opinión legal del licenciado Juan Antonio Corretjer Russi, quien argumentó que la reproducción de sus propias intervenciones está protegida por la doctrina federal de uso justo (fair use) y por la Ley del Derecho sobre la Propia Imagen. La comisión rechazó esos argumentos.
“El derecho a la propia imagen que reclama el Querellado no autoriza, por sí solo, a lucrarse de un material audiovisual institucional que éste no produjo”, concluyó.
La querella la presentó el 21 de mayo el exrepresentante del Partido Popular Democrático (PPD) Ángel Matos García, quien también alegó que Molina Pérez no divulgó ingresos provenientes de Meta, que hubo irregularidades en sus deducciones contributivas, que existían discrepancias con información que entregó al Banco de Desarrollo Económico (BDE) y que no notificó al Senado procesos judiciales en su contra.
La comisión descartó todas esas alegaciones por falta de fundamento. Según el informe, las planillas de 2024 y 2025 que el senador entregó voluntariamente demostraron que sus ingresos extralegislativos se mantuvieron dentro del tope del 35% de su salario que permite la ley. La comisión también concluyó que los documentos del BDE que utilizó el querellante corresponden a 2023, antes de que Molina Pérez fuera senador, y que los préstamos de la corporación Hacienda Libertad, de los que el senador es garantizador solidario, están al día.
En su defensa, Molina Pérez calificó la querella como un “fishing expedition” y una persecución selectiva, y sostuvo que su origen fue una discusión con el querellante en el programa de Rubén Sánchez.
