Suzanne Roig asegura que investigaciones no afectan los servicios que ofrece Familia
La secretaria enfrenta pesquisas de Justicia, el Senado y agencias federales por el caso de NOLA Education, además de una demanda por alegado hostigamiento laboral
El Departamento de la Familia aseguró este jueves que los servicios dirigidos a las poblaciones más vulnerables de Puerto Rico no se han visto ni se verán afectados por las controversias que rodean a la secretaria de la agencia, Suzanne Roig Fuertes.
“Es importante establecer una distinción clara entre los procesos investigativos y las operaciones del Departamento. Las alegaciones que se investigan no están vinculadas al desembolso de fondos públicos para la prestación de servicios. Pretender que estos asuntos ponen en riesgo los fondos y la atención a nuestra ciudadanía no responde a la realidad operacional de la agencia”, sostuvo Roig Fuertes en declaraciones escritas.
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Según la agencia, sus administraciones, programas y oficinas regionales mantienen con normalidad sus operaciones y la prestación de servicios esenciales. Familia recordó, además, que en administraciones anteriores el Departamento también ha sido objeto de investigaciones sin que esos procesos interrumpieran sus operaciones.
“Las controversias no detienen el trabajo de esta agencia, ni alteran nuestro compromiso con la ciudadanía. Nuestra responsabilidad es servir, atender las necesidades de nuestra gente y garantizar que los servicios lleguen a quienes los necesitan. Ese compromiso permanece firme”, añadió la secretaria.
Las expresiones surgen en medio de varias investigaciones contra la funcionaria. El Departamento de Justicia investiga las denuncias de la exadministradora de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), Blanca Medina Díaz, quien testificó bajo juramento ante el Senado que Roig Fuertes la presionó para firmar un contrato de $38.5 millones en fondos federales con la empresa NOLA Education, operadora del programa Star Academy. Medina Díaz fue destituida el 28 de septiembre.
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El caso también está ante la consideración de la Comisión de Familia del Senado, la Oficina del Inspector General (OIG) y la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos federal (HHS-OIG, en inglés). Por su parte, la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) evalúa el uso de $7,610.80 en fondos federales para un viaje a Nueva Orleans relacionado con el proyecto, así como un contrato otorgado en 2021 a un hogar de cuido, cuando Roig Fuertes laboraba en el Departamento de Salud.
Esta semana, Familia también aclaró que un intercambio de correos electrónicos en el que se evaluaba pagarle por adelantado a NOLA Education fue una consulta interna entre funcionarios, que no constituyó una solicitud ni una autorización de pago.
A esto se suma una demanda civil radicada el martes en el Tribunal de Primera Instancia de Arecibo por la exdirectora regional de Familia en esa región, Blanca García Sostre, quien reclama $1.35 millones por alegado hostigamiento laboral. En la demanda, García Sostre alega que la secretaria la llamaba “bruta” y “mentirosa”. Roig Fuertes sostuvo que esos hechos ya habían sido investigados internamente.
