Once investigaciones ponen a prueba la capacidad del PFEI

Así lo aseguró la presidenta del PFEI, Ygrí Rivera Sánchez, quien indicó que la investigación iniciada contra Norberto Almodóvar Vélez, exsecretario auxiliar de la OGPe, y Charlene Newman, exjefa de personal de esa dependencia, por presuntamente intervenir en un proceso competitivo para servicios financiados con fondos federales, “está avanzando”.

La pesquisa también incluye al exsecretario de la Gobernación, Francisco Domenech; la subsecretaria de la Gobernación, Itza García; y el actual subsecretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Roberto Lefranc Fortuño.

Rivera Sánchez aseguró que los fiscales designados en el caso, que involucra a los cinco exfuncionarios, no han solicitado tiempo adicional para completar la investigación, por lo que está en su etapa final.

“Ellos (los fiscales) no nos han pedido más ningún término, de manera que deben estar, asumo yo, bastante adelantados dentro de la situación de que sean cinco investigados”, indicó la presidenta del PFEI.

Por otro lado, evitó responder si la resolución del caso pudiese conocerse antes de finalizar el año. “Nos tardamos el tiempo que nos provee la ley, el tiempo que tengamos que tomarnos para hacer una investigación responsable, seria, idónea y necesaria para cuando llegue el final de la investigación, podamos decir con justicia, pues, este es el resultado”, sostuvo.

Como parte de este caso, el Panel designó a la exjueza superior Ana Paulina Cruz Vélez para realizar la pesquisa preliminar que debía efectuar el Departamento de Justicia —que se inhibió de atender las denuncias— relacionadas con el exsecretario del DDEC Sebastián Negrón Reichard. El término de 90 días para culminar esa investigación está próximo a vencer.

Por su parte, el director ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), Luis Pérez Vargas, indicó, en una entrevista por separado, que esta investigación podría tener “vertientes administrativas y penales”.

“Había unas imputaciones de posibles conflictos de interés, conociendo que el conflicto de interés no es una imputación criminal o sea que hay casos en que, mientras la investigación administrativa, no conflija con la investigación criminal, se pueden llevar paralelas, y en ese caso particular hay una investigación paralela”, explicó Pérez Vargas a Metro Puerto Rico.

Mientras, aseguró que la OEG no está conduciendo las investigaciones contra Almodóvar Vélez y Newman, debido a que son “meramente criminales”.

Investigación en Familia podría ampliarse

El Departamento de Justicia inició una investigación preliminar que incluye a la secretaria de Familia, Suzanne Roig Fuertes, sobre alegadas presiones para la firma de contratos denunciadas por la ex administradora de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), Blanca Medina Díaz. La presidenta del PFEI indicó que recibió la notificación sobre una investigación preliminar.

“El hecho de que esté en el Departamento de Justicia, lo único que significa es que dependiendo de lo que determine el Departamento de Justicia, eso viene aquí. De una manera u otra viene aquí, o con recomendación de que designemos un fiscal especial independiente o con recomendación de que no lo designemos. Pero viene, viene en su momento”, explicó Rivera Sánchez.

Asimismo, indicó que la pesquisa podría extenderse a otras personas vinculadas al caso.

El director ejecutivo de OEG explicó que el caso también está ante la consideración de la Oficina del Inspector General (OIG) y la OIG federal. Explicó, además, que, por su parte, “ellos pueden imponer multas administrativas sobre las transacciones que se pudieron haber estado realizando”.

Del mismo modo, Ética evalúa posibles faltas administrativas sobre una denuncia por un contrato de $60,000 mensuales otorgados al hogar Hacienda Don Luis en 2021 para el cuido de un solo participante mientras Roig Fuertes laboraba en el Departamento de Salud.

“El caso llegó en abril de este año a Ética. Ese asunto en particular se está atendiendo en la oficina y se está verificando si hay algún asunto administrativo”, explicó.

Reciben presiones

Rivera Sánchez admitió a este medio que recibe comunicaciones y cartas anónimas que buscan intervenir en los trabajos investigativos del PFEI y entorpecer los procesos.

“Todo el mundo intenta presionarnos de alguna forma. Siempre se nos mira para presionarnos. ‘Avancen y lo tienen que hacer de esta manera’. Tratan de instruirnos. Lo que pasa es que nosotros no le damos importancia a eso”, señaló.

“Los fiscales nuestros son pocos, tienen mucho trabajo, son personas bien comprometidas, sumamente responsables y no escatiman en tiempo”, añadió.

El presupuesto del PFEI se sitúa en cerca de $4 millones para el ciclo fiscal y Rivera Sánchez indicó que no cuenta con suficientes fiscales para el volumen de las investigaciones. “Nunca son suficientes. Siempre son demasiadas investigaciones para seis o siete fiscales, que es lo que yo tengo. Hacen falta más. Siempre hace falta más”, aseguró.

Sin embargo, puntualizó que no ha recibido presiones para detener las investigaciones. “No, no, no”, dijo. Aunque reconoció que recibió críticas tras haber autorizado 45 días adicionales para continuar la investigación contra la ex secretaria del Departamento de la Vivienda, Ciary Pérez Peña, e incluir a su padre por irregularidades detectadas en un negocio familiar de inspecciones de vehículos y venta de marbetes.

Por otro lado, el director ejecutivo de Ética —que cuenta con 15 abogados investigadores— indicó que no ha recibido presiones de ningún tipo, pero sí insultos.

“No, no. La oficina ni este servidor ha recibido… insultos sí, pero es parte del proceso. La oficina es una oficina antipática y hay gente que ve una querella como una persecución y está abusando, y hay gente que ve un archivo como una toalla, pues es parte de lo que uno aprende en el camino”, explicó Pérez Vargas.

Abundó que la oficina estuvo sobrecargada de trabajo durante el cuatrienio pasadocuando las investigaciones se distribuyeron a lo largo de los cuatro años, a diferencia de lo que ocurre actualmente.

“Fue un cuatrienio convulso el cuatrienio pasado para esos efectos, que quizás este año, como ha sido todo más concentrado, pues quizás ha tenido una repercusión distinta, ha sido un periodo de más tiempo, los casos del cuatrienio pasado fueron corriendo durante el año, ahora prácticamente todo ha sido un año”, señaló Pérez Vargas.

Ética mantiene sobre 60 querellas activas, mientras que las investigaciones abiertas sobrepasan las 300. Entre ellas, evalúan faltas administrativas contra la expresidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, Jessika Padilla por un presunto pago de bonos a empleados exentos.

“La fiscalización es lo que lleva a que haya más casos, por eso es importante fortalecer las entidades fiscalizadoras”, dijo.