Los codueños de la compañía J.R. Asphalt, incluyendo a Mario Villegas Vargas, arrestado hoy en conexión con los sobornos que aceptó el exalcalde de Cataño Félix “Cano” Delgado Montalvo, llevan poco más de tres meses enfrascados en una disputa legal con relación al manejo de fondos de la corporación que crearon en 2004 y que ha ostentado contratos con decenas de municipios y agencias desde entonces.
En una petición de injunction que se radicó originalmente el 27 de agosto y se enmendó el 24 de septiembre, Villegas Vargas le imputó a su socio, Raymond Rodríguez Santos, abrir cuentas bancarias a sus espaldas para desviar el dinero de la empresa, entre otras acciones sin su consentimiento. Rodríguez Santos habría ejecutado esas acciones a pesar de que él y Villegas Vargas son los únicos directores de J.R. Asphalt, por lo que ambos necesitan brindar consentimiento a cada una de las determinaciones corporativas.
Según el demandante, Rodríguez Santos –quien desde el inicio ha manejado los asuntos financieros y contables de la entidad– emitió ilegalmente una resolución corporativa que eliminaba la necesidad de contar con la firma de Villegas Vargas para oficializar los trámites administrativos de J.R. Asphalt.
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Como remedio, Villegas Vargas solicitó al Tribunal de San Juan que ordenara la disolución sumaria de la compañía.
El pasado 10 de noviembre, la representación legal de Villegas Vargas informó al tribunal, durante una vista evidenciaria, que su cliente y las partes demandadas, Rodríguez Santos –representado por el exsecretario de Asuntos Públicos Ramón Rosario Cortés– y J.R. Asphalt, habían alcanzado un acuerdo de estipulación confidencial.
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No obstante, según se desprende de la minuta de la vista, la jueza Cristina Suau González recomendó a las partes reunirse el 15 de noviembre y citó a una vista de seguimiento para el 31 de enero de 2022.
En el pliego contra Villegas Vargas, quien hoy hizo alegación de no culpabilidad ante el foro federal, se hace mención de un “Individuo B” que, al igual que el acusado, “era dueño o tenía un interés financiero en J.R. Asphalt. Sin embargo, en la rueda de prensa que celebró esta mañana, el jefe de fiscalía federal en Puerto Rico, William Stephen Muldrow, rehusó confirmar si el Individuo B es Rodríguez Santos, o si este ha estado cooperando con las autoridades.
El pliego acusatorio hace una mención adicional de esta segunda persona perteneciente a J.R. Asphalt, al indicar que “a cambio de pagos en efectivo de Villegas y el Individuo B, y sus acuerdos para pagar comisiones ilegales y sobornos, el Individuo A (Delgado Montalvo) tomó acción para beneficiar a Villegas, el Individuo B y su negocio, la Compañía A (J.R. Asphalt), incluyendo dirigir y ejercer influencia sobre oficiales municipales para garantizar que la Compañía A se agenciara los contratos municipales en Cataño”.
La acusación contra Villegas Vargas –quien se expone a 20 años de cárcel– incluye una tabla con 50 contratos otorgados a J.R. Asphalt desde septiembre de 2017, por un valor global de $9.7 millones para diversas tareas.
Aunque Delgado Montalvo hizo alegación de culpabilidad por un cargo de conspiración, soborno y comisiones ilegales, dicha acusación no está conectada a las transacciones ilegales con J.R. Asphalt, sino con Waste Collection, la compañía de recogido de basura del abogado y empresario Oscar Santamaría Torres.
En la demanda contra su socio, Villegas Vargas alude a la relación que J.R. Asphalt mantenía como subcontratista de Waste Collection, al mencionar que “entre el año 2018 y el 2021, Rodríguez Santos no realizó depósitos por la cantidad aproximada de $1,622,000.00 en pagos que se recibían mediante cheques de la entidad Waste Collection, Corp. J.R. Asphalt, Inc. es un proveedor de servicios a Waste Collection, Corp. mediante un acuerdo que comenzó con pagos mensuales por la cantidad de $46,000.00 y que fue aumentado a $56,000.00 durante el año 2019”.
Al igual que J.R. Asphalt, Waste Collection también ha mantenido contratos con Cataño desde 2017, cuando Delgado Montalvo asumió la alcaldía. En el caso de Waste Collection, los acuerdos, al considerar las enmiendas a los cuatro contratos originales, ascienden a $13.2 millones.
Según se desprende de la demanda enmendada, Villegas Vargas y Rodríguez Santos incorporaron J.R. Asphalt el 3 de mayo de 2004, momento desde el que fungieron como únicos dueños. Mientras Rodríguez Santos se ocupaba de la parte administrativa, Villegas Vargas, cuyo padre y abuelo eran dueños de otra compañía de asfalto, Best Asphalt, se encargaba de “la parte técnica de la pavimentación y otras faenas relacionadas al asfalto”.
De acuerdo con la página de la Oficina del Contralor, los municipios de Vega Alta, Manatí, Luquillo, Caguas, Naguabo, Humacao, Aguas Buenas y Guayama mantienen contratos con la empresa, que también ha realizado trabajos recientemente para corporaciones públicas, como la Autoridad de Carreteras y Transporte.
Sin embargo, hoy Vega Alta anunció que había cancelado su acuerdo con J.R. Asphalt.