Aun cuando la Junta de Control Fiscal (JCF) intenta “suspender” de manera formal la Ley de Retiro Digno de la Policía a través del proceso judicial del Plan de Ajuste de Deuda (PAD) del gobierno central, el gobernador Pedro Pierluisi sostuvo que “no importa” lo que decida la jueza Laura Taylor Swain en ese caso, su administración encontrará una alternativa para mejorar las condiciones de los oficiales jubilados.
Además de la suspensión de la Ley 81-2020, el gobierno enfrentaría otro obstáculo para mejorar las pensiones de cualquier servidor público, pues la JCF busca que, mediante la orden de confirmación del PAD, se prohíba por 10 años el establecimiento de planes de pensión de beneficio definido, término que se extendería más allá de la permanencia del organismo fiscal.
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“Hay que ver qué decide la juez Taylor Swain, si el reclamo de la Junta es que una serie de leyes, incluyendo (la Ley 81) sean desplazadas por la Ley Promesa. Es decir, que se entienda que la Ley Promesa ocupó el campo y no pueden entrar en vigor. Ahora bien, no importa cuál sea la decisión de la juez Taylor Swain, yo personalmente, mi administración, estamos comprometidos a mejorarle el retiro a los policías de Puerto Rico. Estamos comprometidos a que no exista un policía retirado que no tenga una cubierta médica adecuada. Estaré haciendo un anuncio en cuanto a la cubierta médica en estos próximos días, porque eso está bien adelantado”, indicó el primer ejecutivo sin entrar en detalles.
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Anteriormente, Pierluisi ha dicho que una alternativa, con relación al plan médico, sería ajustar los requisitos de Vital, el plan de salud gubernamental, para que más policías retirados puedan cualificar.
Gremios policiacos, en tanto, han advertido que, si la JCF mantiene su oposición a la implementación de la Ley 81, habría posibilidad de eventos de ausentismo masivo en la Uniformada, tal como ocurrió en el fin de semana de Halloween.
La Ley 81, que firmó la exgobernadora Wanda Vázquez, pretende que los policías y otros trabajadores, como oficiales correccionales, paramédicos y bomberos, devenguen pensiones ascendentes a entre el 45% y 55% de sus últimos salarios, dependiendo de la edad y los años de servicio al momento de retiro.
El estatuto figura en una lista de más de 50 leyes que la JCF busca anular en todo aquello que sea inconsistente con el PAD y el plan fiscal, y que también incluye la Ley 80-2020 –que crea una ventana de retiro incentivado para empleados públicos considerados “no esenciales”– y la Ley 82-2020 –que aplicaría a maestros y les permitiría adelantar su fecha de retiro al acreditar el balance acumulado de licencias.
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Según la JCF, este grupo de leyes tiene como fin perpetuar beneficios de pensión definida a amplios grupos de empleados públicos, modelo que considera inconsistente con el plan fiscal.
El gobierno de Pierluisi, a través de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, apoya la confirmación del PAD, pero objetó que la JCF tenga el poder de anular o suspender leyes o partes de leyes sin atravesar el procedimiento que establece Promesa.
“El PAD incluye lenguaje que básicamente desplaza esas leyes, incluye lenguaje que impide que el gobierno establezca planes de pensión definida en estos próximos 10 años. Hay que esperar a ver la decisión de la juez, pero estamos buscando la manera de, sin violentar ese tipo de lenguaje o disposición, de todas maneras ayudar a nuestros policías. Como he dicho antes y repito ahora, los policías tienen una situación muy particular, y es que no cotizaron al Seguro Social por demasiado tiempo”, indicó Pierluisi.
Los policías “fueron objeto de la reforma de los sistemas de pensiones del año 2013. O sea, que están en desventaja cuando los comparamos con otros servidores públicos que sí tienen el beneficio del Seguro Social o, por otro lado, como es el caso de maestros o jueces, planes de pensiones separados que no han sido totalmente reformados”, añadió el mandatario.
