La Comisión de Gobierno del Senado que preside el senador Ramón Ruiz Nieves, realizó hoy una vista pública en la que atendió la Resolución del Senado 63 para investigar qué pasos se han dado con la Ley 81 que le otorga un retiro digno a los miembros de seguridad pública.
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“El propósito de la vista es conocer precisamente si se implementó o no, y qué pasos se ha dado con la Ley 81… Ante este asunto sale a relucir durante la vista que la última comunicación que tuvieron la Junta de Supervisión Fiscal a través de Omar Marrero [AAFAF] fue el 16 de noviembre del año pasado… A la fecha de hoy no ha pasado nada [con la Ley 81]”, detalló el senador Ruiz Nieves en un aparte con los medios.
Esta Ley provee un Retiro Digno para los Miembros del Sistema de Rango de la Policía, los Miembros del Negociado del Cuerpo de Bomberos, los Miembros del Cuerpo de Oficiales de Custodia de Puerto Rico, y los Técnicos de Emergencias Médicas, comúnmente conocidos como paramédicos, del Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas y del Sistema de Emergencias Médicas Municipal, incluyendo los adscritos a las Oficinas para el Manejo de Emergencias. La misma entró en vigor bajo la pasada administración de la gobernadora Wanda Vázquez Garced, sin embargo, no se ha podido implementar ya que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) no lo ha permitido.
La Comisión citó a deponer hoy, en horas de la mañana, a diversas agencias del gobierno para conocer de primera mano qué ha pasado con la Ley 81. Entre las agencias que comparecieron fue la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF); el Departamento de Seguridad Pública (DSP); el Negociado de la Policía y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).
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El licenciado Julián Bayne Hernández, subdirector ejecutivo de AAFAF, durante su presentación explicó que “a pesar de que se demostró a la JSF que la puesta en vigor de esas legislaciones no sería significativamente inconsistente con el Plan Fiscal certificado, lamentablemente la JSF se ha sostenido en impedir la implementación de la Ley 81-2020”.
Acto seguido, el senador Ramón Ruiz Nieves preguntó ¿cuánto costaría implementar la Ley 81?
A lo que el licenciado Bayne Hernández respondió que, según el estudio actuarial realizado por el Sistema de Retiro para cuando se aprobó la Ley, dicho estudio estableció que el costo sería de $23 millones anuales. Ruiz Nieves, le preguntó si tenían un estudio actuarial actualizado a lo que el licenciado respondió que no y que se tendría que solicitar a Retiro.
Según detalló Bayne Hernández, con esos $23 millones anuales,alrededor de unos 9 mil agentes de la policía podrían retirarse;dividiéndose de la siguiente forma: unos 8,080 serían agentes cobijados bajo la Ley 1 y unos 1,700 agentes cobijados bajo la Ley 447.
El senador Henry Neumann durante su turno le expresó a la AAFAF y a la OGP que “ustedes tienen el pulso de la economía, dónde nosotros, para controlar nuestro destino podemos sacar $23 millones de una economía que entran tantos billones dólares locales y federales. Donde tenemos gente, que, según los artículos de periódicos, ganan $500 mil dólares en un puesto del gobierno. Jefes de agencias que ganan $250 mil dólares anuales. Aquí estamos hablando de $23 millones para yo hacerle justicia Raymond, Steven y Edgardo [policías presentes en la vista pública]…. Olvidándonos de la Junta, vamos a controlar nuestro propio destino y hacerle justicia a esta gente”.
Sin embargo, los datos que presentó el Departamento de Seguridad Pública (DSP) no son cónsonos con lo que presentó AAFAF.
Según la información actualizada que mostró el DSP se estima que un total de 902 empleados del sistema de rango cobijados bajo la Ley 447 podrían beneficiarse con la aplicación de la Ley 81; estos 902 empleados sería entre el corriente año hasta el año 2024. También, presentaron que el impacto presupuestario anual proyectado para el año 2024 sería de unos $37, 764, 066.13.
Mientras, que los agentes cobijados bajo la Ley 1, que pudieran beneficiarse con la Ley 81, serían unos 5,301 esto entre el corriente año hasta el año 2038. En este caso, el impacto presupuestario pudiera ser de $185,806,671.41.
Otro dato importante que presentó el DSP fue que del 2021 al 2022 se estarían retirando cerca de 1,102 oficiales.
El senador Ruiz Nieves, en otro aparte con los medios, dijo que “se le solicitó al DSP, a la Oficina del Comisionado de la Policía, a la AAFAF, al Sistema de Retiro y a la OGP que tienen que entregar a mas tardar del próximo miércoles, 10 de noviembre una data para establecer una Resolución Concurrente que cruce Cámara y Senado y que podamos nosotros decirles a los miembros de la Policía que se va a comenzar esto y se va a implementar la Ley”.
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