Tribunal federal sostiene la vacunación compulsoria de empleados públicos en Puerto Rico

Un juez desestimó una demanda de empleados contra el gobierno por la orden ejecutiva sobre vacunación.

Por Metro Puerto Rico

El juez federal para el distrito de Puerto Rico, Pedro Delgado denegó una solicitud de interdicto por parte de un grupo de empleados públicos que impugnaba la orden ejecutiva que requiere vacunación compulsoria a los empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

“Así como la ley reconoce el derecho a determinar qué se hará con nuestro propio cuerpo, también reconoce que existen limitaciones a ese derecho. Entre estos límites está el interés de la sociedad en proteger la salud y seguridad de la comunidad. Ese interés es primordial en la actual crisis que enfrenta Puerto Rico, al igual que Estados Unidos y el resto del mundo, e informa la Orden Eejecutiva 21-058. Cuando se adoptó y entró en vigor el mandato de vacunación, las medidas menos restrictivas no estaban siendo efectivas para prevenir la propagación del COVID-19 con las hospitalizaciones y muertes concomitantes. De esta manera, el mandato se agregó a la combinación, con opciones de exclusión para dar cabida a los empleados que no deseaban vacunarse. Para concluir, habiendo estudiado minuciosamente los alegatos y el expediente a la luz de las autoridades aplicables, se deniega la solicitud preliminar de medida cautelar y se desestima el caso”, concluyó el juez en una orden de 64 páginas.

Aquí puedes ver la orden:

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Los demandantes en este caso eran Zulay Rodríguez Vélez, Yohama González, Leila Liborio Carrasquillo y Julissa Piñero. Estas alegaban violaciones a la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que establece que “no se infringirá el derecho del pueblo a que sus personas, domicilios, papeles y efectos estén protegidos contra los registros y las incautaciones irrazonables, y no se expedirán a ese fin órdenes que no se justifiquen por un motivo verosímil, que estén corroboradas por juramento o afirmación, y en las que se describa específicamente el lugar que deba registrarse y las personas o los objetos que han de aprehenderse”.

En el pleito llevado por el abogado José Dávila Acevedo, se alegó que el gobierno era “arbitrario y caprichoso al coaccionar y engañar a sus empleados públicos para que se vacunen sin tener en cuenta su derecho fundamental a rechazar la vacuna en forma personal”.

Las demandantes solicitaban que se declarase innecesaria la presentación de una declaración jurada o certificado médico para rechazar la vacunación; que cada agencia pública permitiera que cada uno de los demandantes trabajara de forma remota y que, en la alternativa, se obligara al gobierno a proporcionar las pruebas de Covid requeridas en cada uno de los lugares de trabajo.

 

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