La Asamblea Legislativa continuará “negociando” con la Junta de Control Fiscal (JCF) en busca de impulsar mayores asignaciones de fondos a diversas iniciativas, a la luz de la carta que emitió el organismo federal en donde, si bien cede ante múltiples reclamos de los funcionarios electos, también excluye otros y realiza aclaraciones sobre, por ejemplo, el alcance de la política de cero recortes a las pensiones.
La JCF, por ejemplo, interpreta que la versión aprobada en el Senado del Proyecto de la Cámara (PC) 1003, al exigir que se cumpla con el pago de las pensiones de empleados del gobierno central, no se cubre a los miembros del Sistema de Retiro de Maestros (SRJ) ni del Sistema de Retiro de la Judicatura (SRJ). Específicamente, la carta, firmada por el presidente de la JCF, David Skeel, indica que los requisitos del Senado “no se extienden a la congelación en el Plan (de Ajuste de Deuda, PAD) de las pensiones del SRM y el SRJ o a la eliminación de los ajustes por costo de vida restantes”.
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Asimismo, la JCF detalla que su campo de acción se limita a enmendar el PAD para eliminar los recortes las pensiones, pero que la jueza de quiebras Laura Taylor Swain tiene la discreción de avalar o no la propuesta.
En la carta enviada al gobernador Pedro Pierluisi y los presidentes legislativos, en el contexto del PC 1003, que autoriza la emisión de bonos reestructurados del gobierno central, la JCF no aludió a un pote de $300 millones que el Senado propone para “desarrollo económico” ni al reclamo de abortar un recorte de 50% de las aportaciones patronales al plan médico de los empleados públicos.
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La JCF sí indicó que se abstendría de oponerse en sus planes fiscales a que la Universidad de Puerto Rico (UPR) reciba una asignación anual de $500 millones hasta el año fiscal 2027, que los municipios reciban “financiamiento adicional, dentro de unos límites”, para proveer servicios, o a que se asigne $1 millón para un estudio de viabilidad para extender cubierta médica a personas que actualmente carecen de seguro.
“En términos de números, la mayoría (de los reclamos) se atienden. Sin embargo, tampoco es que el Plan de Ajuste, por su naturaleza, prohíba que exista este programa de desarrollo económico (de $300 millones) que trabajamos en la comisión. La carta de por sí no es una prohibición, no es un ‘no’ necesariamente. Es simplemente que no lo van a garantizar en este proceso. Lo que no se garantice en este proceso nosotros lo seguimos negociando en otro proceso”, sostuvo Nick Pastrana, director ejecutivo de la Comisión de Hacienda en el Senado, al preguntársele por las ‘letras pequeñas’ incluidas por la JCF en relación a las pensiones y la negativa del ente fiscal a avalar el programa de desarrollo económico.
Sobre la posibilidad de que, al transar con la JCF, el gobierno se esté atando las manos en cuanto a las asignaciones a la UPR o los municipios, evitando que en el futuro se aprueben apropiaciones superiores, Pastrana dijo que el texto del proyecto hace referencia a “asignaciones mínimas”.
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“Lo que vamos a impulsar es que $500 (millones) se interprete como un mínimo y que no nos restrinja que si conseguimos más fondos los podamos asignar por encima. No importa el lenguaje que esté ahí (en la carta), el lenguaje que importa al final del día es el que esté en la ley. Y ese lenguaje depende del comité de conferencia”, dijo el director de la comisión que preside el senador Juan Zaragoza.
La semana pasada, la presidenta interina de la UPR, Mayra Olavarría, y los rectores del sistema universitario, estuvieron en el Capitolio cabildeando por que se elevara el reclamo de asignaciones anuales a al menos $650 millones, mientras que grupos estudiantiles y docentes han exigido que la cifra ascienda a un mínimo de $800 millones.
En el caso de los municipios, Pastrana sostuvo que el plan fiscal certificado eliminaría para el 2024 las transferencias del gobierno central, que en un momento dado rebasaron los $350 millones anuales. Mediante el PC 1003, y según fue aceptado por la JCF, los ayuntamientos podrían acceder a los fondos necesarios para proveer ciertos “servicios esenciales”.
Según Pastrana, la cantidad para este propósito rondaría los $65 millones anuales.
“Eso tiene una fórmula de unos dineros que se le retienen a los municipios para el pago de una deuda que ya habían contraído a través del BGF, y lo que estamos haciendo es que, en proporcionalidad a la deuda que estamos reduciendo para el gobierno central, que también se le reduzca eso que se les retiene para el pago de la propia deuda. Eso allegaría a los municipios alrededor de $60 o $70 millones”, expresó Pastrana.
Los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, José Luis Dalmau y Rafael “Tatito” Hernández, respectivamente, expresaron en unas declaraciones conjuntas que próximamente se discutirían los “procesos” para encaminar la aprobación de las medidas en ambos cuerpos y que pasara a la firma de Pierluisi.
Pierluisi ha reiterado en las pasadas semanas que no tiene mayores reparos con el lenguaje del PC 1003, principalmente porque protege las pensiones, si bien advirtió hoy que la JCF insiste en alterar el esquema de los beneficios de maestros y miembros de la rama judicial.
“Eso precisamente es lo que voy a estar discutiendo con el liderato legislativo y los miembros de la Junta este fin de semana”, expresó el primer ejecutivo.
“Vamos a tener que trabajar con el lenguaje. Hay algunas cosas que no se pueden poner contingentes. Depende de lo que los líderes electos decidan en esa reunión del domingo (con la JCF y la rama ejecutiva). Pero no creo que la Cámara concurra (con las enmiendas del Senado), creo que se va a llevar a comité de conferencia para afinar los acuerdos”, sostuvo Pastrana.
