La Junta de Control Fiscal (JCF) hizo constar en una misiva que accedería a la medida legislativa que viabiliza el Plan de Ajuste de Deuda (PAD) del gobierno central, si bien mantiene “reservas” sobre la sostenibilidad de los gastos que se proponen en el Proyecto de la Cámara (PC) 1003 para asignar dinero a entidades como los municipios y la Universidad de Puerto Rico (UPR) y pagar la totalidad de las pensiones.
“La Junta de Supervisión no tiene desacuerdos filosóficos con las loables aspiraciones de política pública del Proyecto. El Proyecto, sin embargo, haría el PAD insostenible para Puerto Rico al condicionar la aprobación de la emisión de nuevos bonos de obligación general requeridos por el PAD en provisiones que cuestan decenas de miles de millones de dólares. Por cada dólar que el PAD ahorre en reducción de deuda, el Proyecto podría gastar los ahorros a lo largo de los próximos 30 años, dejando al Estado Libre Asociado (ELA) en la misma posición que llevó a la promulgación de (la Ley) Promesa y la creación de la Junta de Supervisión en primer lugar. El Proyecto debe ser revisado significativamente porque pone nuevamente al ELA bajo una carga financiera insostenible y, por lo tanto, convierte el PAD en uno no viable ni confirmable”, advierte la JCF en la carta dirigida al gobernador Pedro Pierluisi, el presidente del Senado, José Luis Dalmau, y su homólogo en la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández.
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Sin embargo, la carta, firmada por el presidente de la JCF, David Skeel, indica posteriormente que ambas ramas del gobierno electo han establecido que “quieren tomar el riesgo a nombre de los residentes de Puerto Rico”.
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“Aunque la Junta de Supervisión continúa teniendo reservas sobre su impacto sobre el PAD, está preparada para aceptar los deseos de los representantes electos de los residentes de Puerto Rico mientras (la JCF) pueda hacerlo prudentemente y sin obviar sus responsabilidades bajo Promesa. Cuando la Legislatura y el Gobernador promulguen la legislación aceptable, la Junta de Supervisión enmendará el PAD para eliminar los recortes a las pensiones acumuladas de los empleados públicos retirados y empleados activos” del gobierno.
Entre las exigencias legislativas que la JCF estaría aceptando, se incluirían enmendar los planes fiscales para asignar financiamiento a los municipios –“dentro de los límites”– para proveer “servicios gubernamentales necesarios” así como una asignación de $500 millones anuales para la UPR hasta el año fiscal 2027; y $1 millón para llevar a cabo un estudio sobre la viabilidad de extender un seguro de salud a las personas que actualmente no tengan cubierta.
Con relación a las pensiones, la JCF indicó que sometería un PAD que no contemple recortes a los beneficios de empleados retirados o activos “a menos que el Tribunal de Distrito para Puerto Rico lo requiera”. Asimismo, la carta aclara que “el requisito (del Senado) no se extiende a la congelación en el PAD de las pensiones de los miembros del Sistema de Retiro de los Maestros ni el Sistema de Retiro de la Judicatura o la eliminación de cualquier ajuste por costo de vida restante”.
La JCF igualmente accedió a que se cree un mecanismo que permita acelerar la amortización de la deuda una vez el organismo culmine sus funciones, así como a formar un grupo de trabajo junto a la Legislatura y la rama ejecutiva.
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Entre los reclamos aceptados por la JCF, no aparece el fondo de $300 millones que el Senado propone crear para impulsar el desarrollo económico a lo largo de un periodo de cinco años, ni la protección a las aportaciones patronales al plan médico de los empleados públicos.
Reacciona el gobernador
El gobernador Pierluisi anunció el recibo de la carta durante una conferencia de prensa sobre otro tema que celebró esta tarde, donde puntualizó que la JCF, pese a desistir en su oposición a múltiples reclamos, insiste en congelar los beneficios futuros de pensionados del sistema de maestros o de la rama judicial.
“Eso precisamente es lo que voy a estar discutiendo con el liderato legislativo y los miembros de la Junta este fin de semana”, dijo el gobernador, en alusión al encuentro que se espera sostengan las partes en los próximos días.
“Yo lo que voy a decir es que me alegro que finalmente (la JCF) cedió en el tema de las pensiones porque yo llevo desde 2019, desde que regresé a la vida pública, diciendo que esos recortes de pensiones son innecesarios. Ya era hora de que tomara esa postura. Agradezco que finalmente se dio”, expresó Pierluisi, quien instó a la Cámara de Representantes a concurrir el próximo lunes con las enmiendas que el Senado introdujo al PC 1003.
La séptima versión del PAD presentado por la JCF ante la jueza Laura Taylor Swain propone recortes de 8.5% al exceso de $1,500 mensuales en las pensiones públicas, si bien el organismo federal había aceptado, tras negociaciones con el liderato legislativo a elevar el umbral a $2,000 mensuales.
Ayer, en tanto, la jueza Swain ya había derogado la Ley de Retiro Digno, que tenía como objetivo proteger las pensiones públicas y definir una serie de servicios esenciales a los que no se le podrían a aplicar recortes a través del PAD. Según Swain, la ley buscaba ocupar poderes otorgados por el Congreso a la JCF, principalmente la certificación de los planes fiscales del gobierno central y sus agencias, postura que Pierluisi, pese a firmar el proyecto, había anticipado.
Hoy, Pierluisi indicó que, si bien recibirá asesoramiento legal antes de definir el próximo paso sobre ese asunto, se inclina a dejar intacta la determinación de Swain si no existen buenas probabilidades de triunfo en un proceso apelativo.
“Lo importante, como he dicho, es vamos a enfocarnos en honrar esas pensiones. Hoy ha habido un paso de avance”, dijo el primer ejecutivo.
Las vistas judiciales para evaluar el PAD están citadas para comenzar el 8 de noviembre.
