Líderes de los principales gremios empresariales del país le reclamaron al consorcio privado Luma Energy mayor apertura para discutir determinaciones tales como atar la contratación para la ejecución de proyectos de infraestructura energética al reclutamiento de empleados afiliados a la Hermandad Internacional de Trabajadores Eléctricos (IBEW, en inglés), que, según han criticado múltiples sectores, encarecería sustancialmente el costo de la modernización de la red.
En una rueda de prensa esta mañana, sin embargo, representantes de la Asociación de Industriales, el Centro Unido de Detallistas (CUD) y la Cámara de Comercio, rechazaron que –a pocos meses de concretarse– la privatización del sistema eléctrico ya pueda catalogarse como un fracaso.
“Lo que estamos viendo es una incongruencia entre lo que es el gobierno y lo que hace Luma. Cuando Luma empezó a cabildear dentro de los gremios empresariales sobre los servicios que iban a ofrecer en la isla (proponía) un sistema abierto, sentados todos en la mesa. Cuando ya toma el poder, por decirlo así, prácticamente las cosas cambiaron. Luma se ha cerrado, no recibe prácticamente ningún tipo de visitas ni del Centro ni de los industriales ni de nadie”, criticó Jesús Vázquez, el presidente del CUD.
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Yandia Pérez, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industriales, mencionó que, de momento, el llamado del sector empresarial es a que la compañía encargada de la transmisión y distribución de energía “sea transparente” y evite que los costos de la reconstrucción de la red se eleven de manera que complique la consecución de sus objetivos.
El origen del reclamo sería un documento que trascendió a inicios del mes pasado con el que Luma Energy buscaba comprometer a potenciales contratistas a utilizar, para proyectos relacionados con la construcción y el mantenimiento de líneas de transmisión y distribución, entre otros, a los trabajadores afiliados a IBEW. Como parte del contrato entre Luma Energy, IBEW y los contratistas, se establecen unas tarifas que, según organizaciones como la Asociación de Contratistas Generales (ACG), exceden significativamente los parámetros del mercado en Puerto Rico.
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La IBEW, en su portal cibernético, anunció en julio que había “completado su fusión” con la Unión Insular de Trabajadores Industriales y Construcciones Eléctricas, que a su vez es el sindicato que representa a los empleados de Luma Energy.
Según Pérez, Luma Energy fijó un plazo hasta el pasado 30 de septiembre para que los cerca de 30 contratistas suscribieran el acuerdo que obliga al reclutamiento de empleados pertenecientes a la IBEW. Solamente “algunos” de los contratistas firmaron el acuerdo antes de la fecha límite, dijo Vázquez.
“Lo que nosotros entendemos es que si esa compañía va a dar un servicio con fondos del gobierno… es una empresa privada con un contrato, que tiene que adherirse a ese contrato, y ese contrato debe haber provisto unas cosas y unas condiciones para que esto fuera efectivo. Quiere decir que no puede ser unilateral de ellos tomar ciertas decisiones cuando el dinero que están administrando y que está haciendo que funcione el sistema, especialmente todos estos proyectos, son fondos federales, fondos del gobierno. Hay todos unos procesos que se tienen que dar que no es lo mismo que nosotros acá, cuando tenemos nuestras compañías privadas”, planteó Pérez al cuestionársele si no se podía anticipar que Luma Energy actuara en función de sus mejores intereses como ente privado.
Al preguntársele si sería viable retar judicialmente la adherencia a la IBEW que dispuso Luma, Pérez dijo que la Asociación de Industriales se encuentra “en proceso de evaluar”.
“Como esto ha sido todo medio invisible, atropellado, realmente nosotros tenemos que ahora entender mejor cuál es la postura, cuál es la situación que tenemos de frente para entonces decidir las acciones que tenemos que tomar”, dijo la ejecutiva de la Asociación de Industriales.
Vázquez, por su parte, aseguró que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y el gobierno estatal, como recipientes de cerca de $12,000 millones en fondos federales para la realización de proyectos en la red eléctrica, tendrían la facultad de detener el pacto laboral que elevaría los costos de esas obras.
El mes pasado, tras salir de una convención de la ACG, el gobernador Pedro Pierluisi dijo que intentaría persuadir a Luma Energy de que eximiera parcialmente las obras de Puerto Rico de su convenio con el IBEW.
Josen Rossi, expresidente de la Asociación de Industriales, indicó que el acuerdo entre Luma y la IBEW dispone compensaciones que ascienden, por ejemplo, a $45 la hora para un electricista, cuando en Puerto Rico el mercado por ese trabajo ronda los $15.
“El problema es que ya, presupuestariamente, si teníamos, para 20 proyectos, $50 millones, los mismos $50 millones ya no van a dar para 20, sino para 15 (proyectos). Porque cada vez están entrando nuevos gastos a la ecuación que no estaban al principio”, sostuvo Vázquez.
El planificador Ramón Sánchez, del Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Energética, indicó que, al momento de realizar una asignación para obra permanente, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias calcula los costos a base del mercado, que en Puerto Rico son menores a los que prevalecen en Estados Unidos. Asimismo, mencionó que, por Luma Energy manejar activos públicos, su función es una de “agente administrador”, y no simplemente de empresa privada con mayor espacio decisional.
“Puede haber, hasta cierto punto, un conflicto de intereses porque quizás, las otras compañías que ellos (Luma) administran, hay un interés de traer esos empleados acá y ellos quedarse con esos proyectos. Pero ese detalle no lo tenemos (y) por eso estamos haciendo el reclamo de entender por qué está sucediendo esto de momento, que no estaba ni siquiera previsto en el contrato que el gobierno de Puerto Rico hizo con Luma”, expresó Pérez.
Vázquez, en tanto, insistió que el sistema eléctrico del país, ante las deficiencias que por años había exhibido la AEE, necesitaba una transformación como la que se prometió bajo Luma Energy.
“Yo endosé a cualquier compañía que mejorara el sistema energético del país, sea Luma o cualquier compañía en el mundo. Hacía falta un cambio viniera por donde viniera, porque ya esto no aguantaba más. Lamentablemente el cambio no se ha visto, no tanto por (el sistema de) distribución a lo mejor, porque ahora tenemos también un problema de generación, que no es de ahora, no es de dos meses, (sino) de hace 20 años. Que tenemos que mejorar, sí; que no lo vamos a arreglar en tres meses… pero tenemos que ir poco a poco trabajando para arreglar algo que está dañado”, subrayó el líder del CUD.
En la rueda de prensa también estuvo presente Luis Gierbolini, presidente de la Cámara de Comercio, quien planteó que la exigencia de Luma Energy con respecto a la empleomanía para los proyectos podría atentar contra el derecho constitucional a la libertad de asociación.