La Comisión de Autonomía Municipal, Descentralización y Regionalización de Cámara de Representantes, presidida por Juan José Santiago Nieves celebró hoy una vista pública sobre el Proyecto de la Cámara 936, con el fin de crear la Oficina Municipal de Salud Pública y Epidemiología.
Compareció Fabiola Cruz López, epidemióloga y científica de profesión. “Durante el pasado año 2020 y en repuesta a la emergencia de salud pública impuesta por el virus de SARS-CoV-2, tuve la oportunidad de ejercer como epidemióloga en mi pueblo de crianza Villalba, desarrollando protocolos de prevención de COVID-19, educando a nuestra gente y principalmente estableciendo el primer sistema municipal organizado de investigación de casos y rastreo de contactos en Puerto Rico”, indicó Cruz López.
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Para la especialista, el proyecto del Sistema Municipal de Investigación de Casos y Rastreo de Contactos (SMICRC) “tiene un impacto positivo en la respuesta, estoy segura de que una oficina municipal de salud pública y epidemiología podrá establecer diversos proyectos en pro de mejorar la calidad vida de sus ciudadanos. Esta oficina debería tener la capacidad de mantener un perfil de salud de sus ciudadanos actualizado anualmente”.
A manera de ejemplo, Cruz López detalló que una de las aplicaciones del perfil de salud puede ser identificar personas a mayor riesgo de desarrollar complicaciones ante impacto de desastres naturales. “Si esos datos municipales se logran centralizar, tendríamos la capacidad como país de asignar recursos adecuados a comunidades en riesgo y salvar vidas, evitando repetir lo que ocurrió en el huracán María. En futuras emergencias de salud pública, estas oficinas municipales pueden servir de base para la implementación de una respuesta rápida y humanizada. Además, pudiesen trabajar como fuente base de datos para mejorar la respuesta de las oficinas de Manejo de Emergencias y los profesionales de medicina primaria del país”.
Cruz asegura que entre otras estrategias a establecerse con estas oficinas pudiesen estar el crear programas para asegurar la salud escolar, tener estadísticas actualizadas para enfermedades crónicas y enfermedades de salud mental, identificar factores de riesgo a nivel poblacional, vigilancia de enfermedades infecciosas, entre otras, que nos permitan hacer alianzas con otros departamentos del gobierno, instituciones educativas y diversas organizaciones de base científica y comunitaria para proveer mejores recursos a las comunidades.
“¿Que pudiese ser costoso? Realmente, no será mas costoso que las más de 3,000 vidas que hemos perdido por la pandemia de COVID-19, las sobre 4,000 vidas que se perdieron en el huracán María, el impacto en la salud mental de las personas afectadas por los temblores, los efectos a largo plazo de los casos positivos a COVID-19, y la perdida diaria de vidas”, aseguró la especialista.
La epidemiolóloga recordó durante su ponencia, que al inicio de la pandemia, a finales de marzo 2020, no se tenía mucha información sobre la localización de los casos y permeaba la ansiedad en nuestras comunidades. “Por esta razón, Villalba estableció un cuadro de llamadas para que las personas positivas a Covid-19 se identificaran voluntariamente, y pudiesen recibir asistencia médica, y social, adicional a el seguimiento de los contactos como parte de la investigación del caso. El trabajo continuó realizándose hasta tanto el gobierno central llegara a los municipios. Sin embargo, con el pasar del tiempo, el tener una respuesta local ayudo al gobierno central a mejorar la localización y reporte de los casos. Debido al éxito del sistema en detener cadenas de transmisión y proveer una educación dirigida con datos locales, otros municipios comenzaron a unirse a estos esfuerzos organizados entre estos, Guayanilla, Orocovis, Yauco y Cabo Rojo”.
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A través de SMICRC, a cada municipio se le proveen los fondos necesarios para contratar un experto en epidemiologia, investigadores de casos, rastreadores de contactos, y personal en el cuadro de llamada. Además, se cubren gastos en infraestructura y equipos como computadoras, celulares, espacio de oficina, entre otros gastos para asegurar el funcionamiento efectivo del sistema. “El Cares Act tenia unos $150 millones para la respuesta de rastreo de contactos. En términos de presupuesto, la primera fase del proyecto tenia $30 millones para los primeros seis meses. Desde octubre 2020 el manejo de esos fondos fue sido auditado en detalle por una compañía externa, para asegurar el buen uso. Durante esta respuesta de COVID-19, este ha sido el único proyecto auditado con ese nivel de detalle. A mi salida en marzo 2021, se habían desembolsado $26 millones a los municipios, y se había extendido el tiempo de uso los fondos hasta junio 2021. El sistema se logró implementar en los 78 municipios de Puerto Rico, un proyecto único en la historia de la salud pública de Puerto Rico, con sobre 1,000 empleados respondiendo a la emergencia”, añadió la epidemióloga.
En la ponencia escrita y sometida a la Comisión, se destaca que en el corto tiempo en que SMICRC fue desarrollado, demostró ser clave para levantar la salud pública del país desde los municipios. SMICRC fue creado para investigar casos y rastrear contactos de COVID-19, pero dado a la evolución del programa se extendió su capacidad para insertar otras estrategias como realizar eventos de pruebas masivas, educar la población, certificar escuelas, participar en identificación de pacientes candidatos a tratamiento de anticuerpo monoclonal, monitorear cumplimiento de comercios y asistir en logísticas para vacunación a nivel municipal.
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