Los 18 exmilitares colombianos capturados en Haití como sospechosos del asesinato del presidente Jovenel Moïse requieren asistencia médica y jurídica “urgente”, señaló el martes la Defensoría del Pueblo de Colombia, entidad estatal encargada de velar por los derechos humanos.
Las condiciones de detención de los colombianos fueron verificadas la semana pasada por una comisión humanitaria de la Defensoría del Pueblo. En su informe la comisión advirtió que a los colombianos no se les ha permitido hablar con un abogado pese a haber sido interrogados por las autoridades haitianas y el FBI.
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“Lo más grave, hasta ese momento, (es que) ninguna autoridad judicial o del Ministerio Público (de Haití) había hecho el control de la detención que exige ese país”, indicó en una declaración oficial el vicedefensor del Pueblo, Luis Andrés Fajardo, tras viajar a Haití.
La canciller y vicepresidenta colombiana, Marta Lucía Ramírez, pidió al gobierno de Haití brindar garantías a los colombianos detenidos en su país y cumplir con los tratados internacionales en materia de derechos humanos. En una carta enviada al embajador haitiano en Colombia, Jean Mary Exil, el 30 de julio, Ramírez aseguró que hay “irregularidades en la detención y asistencia a los connacionales” que no contaban con ninguna clase de asistencia jurídica para ejercer su defensa.
Tres días después, el embajador de Haití respondió en una entrevista al medio televisivo Red Más Noticias que su país respeta “todo lo que tiene que ver con derechos humanos” y añadió que no hay “absolutamente ninguna irregularidad en los procesos”.
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La Defensoría del Pueblo entregó el informe a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Cancillería colombiana, y advirtió que los detenidos están en condiciones de hacinamiento debido a que no han sido trasladados a una celda, se encuentran aislados e incomunicados desde su arresto y permanecen juntos y esposados en un “un corredor con un baño contiguo” que mide aproximadamente seis metros de largo por dos metros de ancho y al que no entra la luz del sol.
Además, los detenidos duermen en el piso, comen dos veces al día y tienen un acceso limitado al agua, debido a que les ofrecen 20 litros al día que deben dividir entre 18 colombianos y dos haitianos, advirtió la Defensoría en un comunicado.
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La Oficina Integrada de la ONU en Haití señaló en un informe publicado en junio de este año que la mayor parte de la población carcelaria en ese país está confinada en “condiciones inhumanas” y todavía no ha sido sentenciada. La preocupación se extiende a las condiciones de salud y prestación de servicios médicos. Según el informe, aproximadamente 100 prisioneros murieron en años anteriores por malnutrición y una epidemia de tuberculosis.
Los familiares sólo se han comunicado con los detenidos por medio de unas cartas que ellos les enviaron a través de la Defensoría y las cuales les fueron entregadas el lunes.
“No estaban en buen estado de ánimo, cerca de ellos estaban los policías y lo que les advirtieron era que no podían hablar acerca del proceso, solamente enviar un saludo a sus familias. Estaban supeditados a una sola clase de expresión, es un escrito bajo presión”, dijo a The Associated Press Nélson Romero Velásquez, abogado que asesora a 16 familias de colombianos capturados y muertos en Haití.
El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, pidió a Haití brindar asistencia médica permanente a los detenidos debido a que algunos tenían “puntos de sutura en sus cabezas” que no habían sido retirados después de más de 20 días. Uno de ellos no podía sostenerse por sí mismo y otro de ellos cojeaba. El defensor detalló que tres de los detenidos “presentaban lesiones de consideración que, por su apariencia, deberían ser tratadas en un establecimiento médico especializado”.
El presidente colombiano Iván Duque ha dicho en varias ocasiones que todos los nacionales capturados habrían participado en el homicidio del presidente haitiano, sin embargo, asegura que sólo un grupo reducido sabía desde el comienzo sobre el crimen y el resto habrían viajado bajo engaño.
