Lisie Burgos Muñiz se opone a la vacunación compulsoria para empleados públicos

La portavoz del Partido Proyecto Dignidad en la Cámara de Representantes, Lisie Burgos Muñiz, manifestó hoy, viernes, su oposición la Orden Ejecutiva que emitió el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia que requiere la vacunación contra el COVID-19 a todos los empleados públicos que laboran de forma presencial.

En un comunicado, la legisladora argumentó que la inoculación compulsoria no se sustenta legalmente dado a que su uso es de emergencia.
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“Todas las vacunas que son utilizadas en Puerto Rico y los Estados Unidos cuentan con una Autorización de Uso de Emergencias expedida por la FDA al amparo de la Sección 564 de la Ley Federal de Alimentos, Drogas y Cosméticos. Estas vacunas no cuentan con una aprobación final.  Por disposición de la propia ley federal, este tipo de producto no aprobado es de uso voluntario”, expresó la representante en declaraciones escritas.

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“En virtud de la Cláusula de Supremacía del Artículo VI de la Constitución de los Estados Unidos, una Orden Ejecutiva del Gobernador de Puerto Rico no puede ir por encima de una Ley Federal. Por tal razón, entendemos que el gobernador se está excediendo en el uso de sus poderes”, añadió.

Además, Burgos Muñiz entiende que esto es una forma de coacción debido a que toda persona que decida no vacunarse se verá en la obligación de presentar pruebas negativas de Covid semanalmente.

“Esto implicará ausencias al trabajo para conseguir las órdenes médicas y luego al laboratorio para realizarse la referida prueba. Lo que será gravoso para el empleado, porque no solo tendrá que pagar un doble deducible, sino que también perderá horas de trabajo esperando ser atendido, sufriendo así una reducción en su salario”, dijo.

Por otro lado, la representante se mostró en desacuerdo con la Opinión emitida por el Departamento de Justicia Federal el pasado 6 de julio de 2021 en la cual dicha Agencia Federal interpretó que la Sección 564 de la Ley Federal de Alimentos Drogas y Cosméticos no prohíbe que entidades públicas y privadas requieran la vacunación compulsoria. “Debemos recordar que el Departamento de Justicia Federal no es el Congreso de los Estados Unidos. Es decir, dicha Agencia no tiene poder para legislar y mucho menos para enmendar una Ley. Por tal razón, las opiniones que emite el Departamento de Justicia Federal, aunque pueden utilizarse de manera persuasiva en distintos foros, no crean precedente ni tienen fuerza de ley. Habiendo aclarado ese punto, es mi opinión que la interpretación Departamento de Justicia Federal va en contra de la intención legislativa de la Sección 564 de la Ley Federal de Alimentos Drogas y Cosméticos. Si dicha Sección requiere a que se notifique a las personas de la opción de rechazar la vacuna, ¿cómo es posible que a la vez permita que el gobierno o los patronos puedan imponer la vacunación compulsoria? Nos parece que la interpretación del Departamento de Justicia Federal carece de todo sustento jurídico. Es por esta razón que, al menos treinta y cuatro estados de los Estados Unidos han presentado legislación para prohibir la vacunación compulsoria contra el COVID-19″, afirmó..

Con relación a cuáles son los próximos pasos por seguir ante la Orden Ejecutiva Núm. 2021-058 la Portavoz manifestó: “Estaremos dando Seguimiento al P. de la C. 795 de la autoría de esta servidora. Dicho Proyecto de Ley propuso la creación de la “Ley para Prohibir el Discrimen en el Empleo por Razón de Negarse a ser Vacunado contra el COVID-19”. El mismo se encuentra ante la consideración de la Comisión de Asuntos Laborales y Transformación del Sistema de Pensiones para un Retiro Digno, pero dicha Comisión aún no ha celebrado ni una vista pública. De aprobarse el P. de la C. 795 sería ilegal en Puerto Rico cambiar las condiciones de empleo o despedir a un empleado por razón de negarse a ser vacunado contra el COVID-19. Esta legislación se extendería a todos los patronos tanto en el sector público como privado. Además, estamos evaluando todas las alternativas en ley para hacer frente a la Orden Ejecutiva Núm. 2021-058. Mi compromiso con el Pueblo de Puerto Rico es luchar contra cualquier forma de totalitarismo que se quiera levantar en nuestra amada Isla.” concluyó la Representante.

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