Si bien la orden ejecutiva del gobernador Pedro Pierluisi busca frenar el aumento de contagios de COVID-19 mediante la vacunación compulsoria, la medida ha levantado dudas en torno a la legalidad de dicha determinación.
Para el abogado constitucionalista Carlos Gorrín Peralta, el gobierno puede obligar a un grupo de ciudadanos a vacunarse contra el virus ya que podrían demostrar que buscan proteger el bienestar colectivo ante una emergencia de salud pública.
“No tengo duda de que estamos en medio de una situación de emergencia que hace la protección de la salud colectiva de todo el mundo un interés apremiante del estado y, por lo tanto, hay que tomar las medidas que estén y se ajusten rigurosamente a ese necesidad”, dijo el también profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana en entrevista con Metro.
La orden ejecutiva del gobernador entrará en vigor el próximo 16 de agosto y requerirá a los empleados gubernamentales que trabajen de manera presencial a vacunarse contra el COVID-19. Los empleados públicos podrán quedar exentos de la orden ejecutiva si proveen un documento que certifique alguna razón médica para no inocularse, o un affidávit firmado por un líder espiritual que aluda a motivos religiosos para rechazar la vacuna.
Sin embargo, en el caso de los trabajadores del sector público que sometan una excusa válida para no vacunarse, tendrían que presentar semanalmente un resultado negativo a una prueba diagnóstica de Covid-19.
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Si bien el letrado reconoció que entre las excepciones para no vacunarse están razones médicas y aquellas que respondan a principios religiosos, las personas no podrían negarse a recibir la inoculación solo porque invoquen un derecho a la “libertad individual”.
Por ejemplo, Gorrín Peralta indicó que el gobierno debe enumerar las excepciones como aquellas “personas alérgicas [a algún ingrediente de las vacunas] o a una personas por sus principios religiosos que no se pueda vacunar. Pero hay que buscar alternativas porque el derecho a la libertad de culto no justifica violentar el derecho a la vida de otras personas y, por lo tanto, hay que tomar medidas para respetar el ejercicio de ese derecho fundamental que invoca una persona para proteger los derechos colectivos del resto de la sociedad”.
“En ese balance de intereses no tengo duda que en una situación como esta van a prevalecer los intereses colectivos del gobierno por encima de una libertad fundamental puramente individual”, señaló.
Agregó que la vacunación compulsoria fue validada por el Tribunal Supremo de Estados en 1905 en medio de la epidemia de la viruela en el caso de Jacobson v. Massachussetts. En dicho dictamen, el foro judicial respaldó una ley que requería la vacunación compulsoria a sus ciudadanos al señalar que el estado cuenta con los poderes para proteger el bienestar común de la ciudadanía ante una emergencia de salud pública.
Incluso, el pasado 19 de julio, el abogado mencionó que un tribunal federal favoreció que la Universidad de Indiana le requiera a sus estudiantes y empleados a que se vacunen contra el COVID-19.
En cuanto a las personas que invoquen razones religiosas para no vacunarse, el profesor indicó que estos tendrán que presentar un affidávit del líder religioso. “Por eso es que aunque algunas personas invocan derechos fundamentales como la libertad de culto, la libertad de pensamiento pues esos derechos tienen sus límites e incluso los derechos fundamentales. Un derecho fundamental no implica derecho absoluto. [En cambio] significa que cuando el estado toma alguna determinación que de alguna manera limita o restringe el ejercicio de un derecho fundamental tiene que haber una justificación muy poderosa”, comentó el letrado.
Gorrín Peralta, sin embargo, reconoció que la orden ejecutiva podría ser cuestionada en los tribunales del país. “Sin duda, es una sociedad muy litigiosa, pero auguro que el resultado va a ser que van a prevalecer las normas de la vacunación compulsoria”, añadió.