El Negociado de Energía publicó el viernes, los resultados de una investigación independiente comisionada a la firma Exponent, sobre la causa del apagón que dejó sin servicio eléctrico a cerca de 800,000 clientes el 28 de julio de 2020.
La investigación concluyó que el apagón “es indicativo de grandes problemas sistémicos en la Autoridad de Energía Eléctrica que involucran presupuestos, inspecciones, mantenimiento, recursos humanos, cumplimiento con estándares y procesos de negocio, un sistema deteriorado y con poco mantenimiento, y posiblemente otros aspectos”.
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“El Negociado de Energía de la Junta Reglamentadora de Servicio Público de Puerto Rico fue creado por la Asamblea Legislativa para defender el interés público, para adelantar el bien común, para asegurar que la política energética que establezca el pueblo de Puerto Rico por medio de sus representantes electos sea efectivamente implantada y para inyectar transparencia en las decisiones que se toman a diario sobre el sistema eléctrico. La publicación de este informe es un paso importante de transparencia en cumplimiento con nuestro deber”, indicó el presidente del Negociado, el ingeniero y abogado Edison Avilés Deliz en comunicación escrita.
La investigación también apunta a que, “aunque estos problemas identificados tienen que ver específicamente con este incidente, son de aplicación general para situaciones potenciales similares que podrían ocurrir en la red eléctrica en el futuro”.
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La investigación identifica la secuencia de eventos que llevaron al apagón masivo, comenzando por una falla en una línea de transmisión de 230 kV por problemas con el manejo de vegetación cercana a la línea. Acto seguido, la falla tomó más de 3 segundos en ser despejada, por problemas en el diseño en ciertas subestaciones y por la ausencia de un sistema de protección adecuado. El tiempo de respuesta provocó una falta de coordinación en el sistema de protección de resguardo. Finalmente, Ecoeléctrica salió de funcionamiento, dejando a la red sin suficiente generación para suplir la demanda eléctrica en ese momento, provocando así que se iniciara un esquema de relevo de carga para evitar un colapso total del sistema.
En la Resolución del Negociado adoptando el informe de Exponent se enfatizan dos señalamientos críticos. Primero, que el programa de manejo de vegetación de la Autoridad, particularmente en cuanto a líneas de transmisión, es totalmente inadecuado. Segundo, que la salida de funcionamiento de una planta no debería ocasionar un apagón masivo ya que un sistema eléctrico moderno, que cumpla con las mejores prácticas a nivel internacional, debe tener la capacidad de operar con una planta fuera de servicio.
La investigación hace hincapié en este punto aun reconociendo que Costa Sur estaba fuera de operación desde los terremotos de enero de 2020. “El incidente ocurrió siete meses después y no es aceptable que un sistema eléctrico grande esté en tal estado de inseguridad por tanto tiempo,” reza el informe.
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El informe concluye que “para la mayoría de las utilidades, una falla en una línea de transmisión se atiende por el sistema de protección sin que un solo cliente sea impactado. En este caso, una falla en una línea de transmisión interrumpió el lado occidental completo del sistema de la Autoridad y algunas porciones del lado este, afectando a aproximadamente 789,545 clientes.”
“Esta investigación no es solo para fijar responsabilidades. Lo más importante es que aprendamos de los errores del pasado y tomemos los pasos correctivos para robustecer nuestro sistema eléctrico. El Negociado continuará monitoreando y estudiando esta situación para asegurarnos que las inversiones que se realicen en la red eléctrica respondan a la necesidad de fortalecer la red y su capacidad de respuesta,” destacó Avilés.
