El portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, se manifestó inconforme con el lenguaje que maneja la mayoría legislativa popular en la resolución de presupuesto con relación a la eliminación de los poderes de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) para reasignar partidas.
Aunque aseguró que no había visto el lenguaje final que la delegación del PPD se proponía llevar a votación en ambos cuerpos, el expresidente cameral subrayó que las últimas conversaciones apuntaban a una diferencia significativa en las visiones de ambos bandos.
Según Méndez, el PNP propuso que el ejecutivo, a través de la OGP, pudiera disponer libremente del 5% del presupuesto de cada agencia, una disposición que el legislador indicó se adoptó durante la administración de Alejandro García Padilla. El bando popular, en tanto, insistiría en el lenguaje que impulsa el presidente de la Cámara baja, Rafael “Tatito” Hernández, bajo el cual el gobernador Pedro Pierluisi tendría que obtener aval legislativo para mover fondos entre agencias o internamente.
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“De lo que hemos leído, en totalmente inaceptable. Lo que se pretende es ponerle una camisa de fuerza al ejecutivo para ejecutar la obra de gobierno. Mientras estén esas restricciones, mientras se suspendan leyes que se aprobaron el pasado cuatrienio para ponerle control a los gastos de gobierno y se suspenda, incluso, la ley que habilita la OGP, quitándole toda autoridad, pues no podemos votarle a favor”, subrayó.
Méndez aseguró que su delegación ha mantenido comunicación constante con el gobernador Pierluisi, quien se encuentra en un viaje oficial en la capital federal.
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“Hace apenas unos minutos volví a hablar con el gobernador de un lenguaje alternativo que se está sugiriendo y el gobernador insiste que él no va a firmar ningún presupuesto que mantenga ese lenguaje restrictivo”, afirmó.
Para el portavoz del PNP en la Cámara baja, las restricciones que impulsa Hernández trascienden la controversia sobre el financiamiento de la delegación de cabilderos estadistas que por ley entran en funciones el 1 de julio.
En esencia, el escenario descrito por Méndez representa un regreso al que existía la semana pasada, cuando la Cámara baja aprobó un presupuesto sin el favor del PNP. Dicho escenario cambió en el Senado, donde el presidente José Luis Dalmau accedió a eliminar el lenguaje restrictivo.
Mientras que en la Cámara de Representantes la mayoría cuenta con suficientes votos para aprobar la resolución, en el Senado se requieren dos votos adicionales a los 12 del PPD.
De no haber acuerdo con los novoprogresistas, el futuro del presupuesto en el Senado dependería con toda seguridad de los votos del independiente José Vargas Vidot y Joanne Rodríguez Veve, del Proyecto Dignidad.
Ambos han expresado que favorecen restricciones legislativas al manejo del presupuesto, aunque en el caso de Vargas Vidot manifestó reservas con que el ejecutivo deba recurrir a la Legislatura para el uso de fondos en situaciones de emergencia.
No obstante, una resolución que no cuente con el aval del PNP y destinada a un veto ejecutivo dejaría en manos de la Junta de Control Fiscal (JCF) imponer, por quinto año consecutivo, su propia versión de presupuesto.
Incluso si existiera un acuerdo con el PNP, restaría por ver si la JCF estaría dispuesta a avalar las condiciones de la versión final.