Recomiendan FEI para el exalcalde de Corozal por grabar conversaciones telefónicas

Se alega que Sergio Torres grababa las conversaciones telefónicas en la alcaldía para tomar medidas disciplinarias.

Por Metro Puerto Rico

El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, informó que la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor envió hoy una comunicación a los miembros de la Oficina del Panel (OPFEI) sobre el Fiscal Especial Independiente recomendando la designación de un Fiscal Especial Independiente (FEI) para el exalcalde de Corozal, Sergio L. Torres Torres.

Emanuelli Hernández indicó que, hoy también se le envió comunicación notificando dicha recomendación a la parte querellada y a la Controladora de Puerto Rico.

Según detalló el secretario de Justicia, el 9 de octubre de 2020, el Departamento de Justicia recibió copia de una carta que la Contralora de Puerto Rico, Yesmin Valdivieso Galib, le requirió al entonces alcalde que cesara la práctica de grabar las comunicaciones telefónicas en el municipio. En la comunicación se informó que, mientras la Oficina del Contralor realizaba una auditoria, los auditores advinieron en conocimiento de que se grababan las llamadas telefónicas municipales.

La División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor del DJ analizó todas las alegaciones, completó la investigación preliminar y concluyó que en el municipio de Corozal se grabaron conversaciones telefónicas, cuyo contenido fue utilizado para tomar una acción disciplinaria. Por ello, se determinó que existe causa suficiente para establecer que el exalcalde de Corozal pudo haber cometido infracciones al Código Penal de Puerto Rico.

Torres Torres no revalidó en las pasadas elecciones de noviembre del 2020. El exalcalde ya había sido referido al FEI en el pasado por otro caso. En el 2015, la presidenta del Panel Fiscal Especial Independiente (PFEI), Nydia Cotto, emitió una resolución para ordenar la suspensión de labores por 10 días al alcalde de Corozal, Sergio Torres Torres, tras ser investigado por alegado uso ilegal de empleados y materiales del municipio para pavimentar una carretera que conduce a su residencia.

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