El ex vicecanciller sandinista Víctor Hugo Tinoco fue detenido por la policía de Nicaragua acusado de incitar la injerencia extranjera, pedir intervenciones militares y celebrar las sanciones contra miembros del gobierno de Daniel Ortega, con lo que suman 13 opositores arrestados en menos de dos semanas.
Tinoco, de 68 años, fue arrestado la noche del domingo en el estacionamiento de un centro comercial de Managua por “unos 10 hombres encapuchados y de civil” que se lo llevaron en un vehículo, narró una de sus hijas que fue testigo de la captura. Minutos más tarde, la policía emitió un comunicado confirmando la detención de quien fue vicecanciller de Nicaragua, embajador en la ONU y negociador en el proceso de paz durante el primer gobierno sandinista (1979-1990), cuando Ortega fue presidente por primera vez de 1985 a 1990.
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Con Tinoco suman 13 los dirigentes opositores detenidos desde el 2 de junio, entre los cuales hay cuatro aspirantes a la presidencia para los comicios del 7 de noviembre.
El fin de semana se produjo la mayor oleada de arrestos, cuando la policía detuvo a seis dirigentes del movimiento opositor Unamos, antes llamado Movimiento Renovador Sandinista (MRS), incluido Tinoco, los exguerrilleros Dora María Téllez y Hugo Torres y tres mujeres dirigentes de Unamos.
En todos los casos la policía informó que se los investiga por presuntamente “realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos y pedir intervenciones militares”. También se los acusa de “organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones”.
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Los opositores serían culpables además, según la policía, de “demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos y lesionar los intereses supremos de la nación”.
La oposición acusa al gobierno de intentar eliminar de las elecciones a posibles rivales de Ortega, quien a sus casi 76 años aspira a una tercera reelección para un cuarto mandato consecutivo a partir de enero de 2022.
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Mientras, familiares de los opositores detenidos el fin de semana dijeron que las autoridades de la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como la cárcel El Chipote, no les permitieron ver a sus parientes ni entregarles alimentos y artículos de aseo personal.
“Acabamos de dejar la paquetería de la mañana, esta vez solo dejaron pasar agua. Cuando demandé la exhibición de nuestros familiares nos dijeron que las leyes no aplican en El Chipote”, denunció en las redes sociales Ana Lucía Álvarez, hermana de Tamara Dávila y sobrina de Ana Margarita Vijil.
“Acabamos de dejar la paquetería de la mañana, esta vez solo dejaron pasar agua. Cuando demandé la exhibición de nuestros familiares nos dijeron que las leyes no aplican en El Chipote”.
El fin de semana, Róger Reyes, abogado de los precandidatos opositores Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, dijo que tampoco le han permitido entregar alimentos a sus defendidos en el mismo centro penal.
En tanto, el gobierno de Nicaragua publicó un documento de 21 páginas que envió al cuerpo diplomático y a la prensa internacional, en el cual advirtió que sigue investigando supuestos “negocios” de la aspirante presidencial Cristiana Chamorro —bajo arresto domiciliar desde el 2 de junio— con medios y periodistas independientes, entre los que se menciona a su hermano, el influyente periodista Carlos Fernando Chamorro.
El informe, titulado “Nicaragua: En defensa de la Soberanía Nacional y el Estado de Derecho”, asegura que la Fundación Violeta Barrios de Chamorro para la Reconciliación y la Democracia (FVBCH) y su ex directora Cristiana Chamorro “recibieron decenas de millones de dólares del pueblo estadounidense a través de USAID, NED, IRI y otras agencias del gobierno de los Estados Unidos”.
Estos fondos “luego fueron transferidos a través de cuentas corporativas y personales a miembros de la familia Chamorro, incluido su hermano Carlos Fernando Chamorro (CINCO, Confidencial) y su tío Jaime Chamorro Cardenal (La Prensa)”, así como a una docena de televisoras, radios y plataformas digitales independientes, citadas en detalle en el documento.
Según el mismo texto, los detenidos este mes (13 líderes opositores y dos ex empleados de la FBCH) están acusados por “lavado de dinero, fraude, traición o conspiración sediciosa”.
También abogó por el cese de las sanciones aplicadas por Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá, entre otros, contra una treintena de funcionarios y allegados a Ortega, por considerarlas “medidas coercitivas e ilegales” cuya aplicación “en tiempos de pandemia eleva su ilegalidad al nivel de crimen de lesa humanidad”.
México manifestó el lunes inquietud por las acciones contra opositores e indicó en un breve mensaje, que difundió la Cancillería en su cuenta de Twitter, que “ha hecho saber al gobierno de Nicaragua su preocupación por la integridad y libertad de los detenidos”.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha evitado pronunciarse previamente sobre la situación de otras naciones alegando respeto a la política de no intervención en los asuntos internos de otros países, posición que ha alentado a los opositores mexicanos a acusar al mandatario de tener una posición ambigua y tolerante frente a esos dos gobiernos que son señalados de incurrir en violaciones a los derechos humanos y políticos y las normas democráticas.
