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El Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI), informó que esta semana, del 7 al 11 junio, los fiscales atenderán en tribunales los casos de la expresidenta de la Junta Reglamentadora de Comunicaciones, Sandra Torres López; y la exsecretaria interina del Departamento de Justicia, Wandymar Burgos Vargas.
La vista preliminar en el caso Torres López será el miércoles, 9 de junio, a las 9 de la mañana en el Tribunal Superior de Primera Instancia en San Juan.
A esta se le señala por organizar actividades de recaudación de fondos para el exgobernador Ricardo Rosselló en horas laborables.
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Contra Torres López se encontró causa por alegadas violaciones al artículo 4.2 (b) y 4.2 (m), que prohíben, respectivamente, que un funcionario use su cargo para obtener un beneficio que no esté permitido en ley y que ejerza influencia sobre otros empleados para que hagan contribuciones políticas o participen de actividades políticas. El tercer cargo contra la exfuncionaria es por violación al artículo 252 del Código Penal, que hace referencia al aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos.
Por otro lado, en el caso de Burgos Vargas, se atenderá la continuación de la vista preliminar. Esto será el viernes, 11 de junio, a las 9 de la mañana en el Tribunal Superior de Primera Instancia en San Juan.
El pasado miércoles, 2 de junio, se comenzó a atender la vista preliminar en su contra por supuesta obstrucción a la justicia y dos violaciones penales a la Ley de Ética Gubernamental.
Este caso fue el único en el que se llevaron denuncias criminales en la investigación del Fiscal Especial Independiente sobre irregularidades que involucraban a la ex gobernadora, Wanda Vázquez. Contra Burgos se radicaron cargos relacionados a la retención ilegal de un informe confidencial de Justicia que constituía el referido a la OPFEI y la prueba recopilada en el caso referido. También se le imputan denuncias relacionadas a un manejo irregular del expediente de Justicia que se llevó a su hogar y regresó al día siguiente. En algún punto posterior, el referido se filtró a los medios dando paso a expresiones públicas de la defensa de la entonces gobernadora, Vázquez, quien a su vez había nombrado a Burgos a la jefatura interina de Justicia.
Las denuncias contra Burgos eran por al Artículo 246 del Código Penal de resistencia u obstrucción a la autoridad pública e infracción a los artículos 4.2 (f) y 4.2 (b) de la Ley de Ética Gubernamental.
