El Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI), informó que esta semana, del 7 al 11 junio, los fiscales atenderán en tribunales los casos de la expresidenta de la Junta Reglamentadora de Comunicaciones, Sandra Torres López; y la exsecretaria interina del Departamento de Justicia, Wandymar Burgos Vargas.
La vista preliminar en el caso Torres López será el miércoles, 9 de junio, a las 9 de la mañana en el Tribunal Superior de Primera Instancia en San Juan.
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A esta se le señala por organizar actividades de recaudación de fondos para el exgobernador Ricardo Rosselló en horas laborables.
Contra Torres López se encontró causa por alegadas violaciones al artículo 4.2 (b) y 4.2 (m), que prohíben, respectivamente, que un funcionario use su cargo para obtener un beneficio que no esté permitido en ley y que ejerza influencia sobre otros empleados para que hagan contribuciones políticas o participen de actividades políticas. El tercer cargo contra la exfuncionaria es por violación al artículo 252 del Código Penal, que hace referencia al aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos.
Por otro lado, en el caso de Burgos Vargas, se atenderá la continuación de la vista preliminar. Esto será el viernes, 11 de junio, a las 9 de la mañana en el Tribunal Superior de Primera Instancia en San Juan.
El pasado miércoles, 2 de junio, se comenzó a atender la vista preliminar en su contra por supuesta obstrucción a la justicia y dos violaciones penales a la Ley de Ética Gubernamental.
Este caso fue el único en el que se llevaron denuncias criminales en la investigación del Fiscal Especial Independiente sobre irregularidades que involucraban a la ex gobernadora, Wanda Vázquez. Contra Burgos se radicaron cargos relacionados a la retención ilegal de un informe confidencial de Justicia que constituía el referido a la OPFEI y la prueba recopilada en el caso referido. También se le imputan denuncias relacionadas a un manejo irregular del expediente de Justicia que se llevó a su hogar y regresó al día siguiente. En algún punto posterior, el referido se filtró a los medios dando paso a expresiones públicas de la defensa de la entonces gobernadora, Vázquez, quien a su vez había nombrado a Burgos a la jefatura interina de Justicia.
Las denuncias contra Burgos eran por al Artículo 246 del Código Penal de resistencia u obstrucción a la autoridad pública e infracción a los artículos 4.2 (f) y 4.2 (b) de la Ley de Ética Gubernamental.
