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Inspectora asociada que investigaba a Maldonado en la OIG renunció al denunciar un ambiente hostil

Además del cambio de pesquisa sobre la mafia institucional para enfocarse en Raúl Maldonado, en la OIG habrían dado instrucciones para frenar otra pesquisa sobre un funcionario cercano a La Fortaleza de Ricardo Rosselló.

Ivelisse Torres

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Cuando el país transitaba de un gobernador a otro en pleno verano del 2019, la abogada Brendaliz González Méndez hacía gestiones activas como inspectora asociada de asuntos legales en la Oficina de la Inspectora General (OIG) para iniciar una investigación contra el exsecretario de Hacienda, Raúl Maldonado. Sin embargo, el curso que tomó esa pesquisa, entre otros asuntos, llevó a la funcionaria a renunciar a su cargo en enero de este año.

La carta de renuncia de González Méndez denuncia un ambiente “hostil e intolerable” hacia su persona. Metro tuvo acceso mediante fuentes a la carta con fecha del 25 de enero de este año, ya que una petición oficial a la OIG fue canalizada mediante la Ley de Trasparencia a un oficial de información que aún no ha emitido una respuesta oficial para denegar el acceso al documento. En su misiva de renuncia, la abogada plantea que a mediados del año 2020 el ambiente laboral se tornó “extremadamente hostil e intolerable para mi”.

“La licenciada Brenda Liz González Méndez de la OIG fue la persona a quien Ivelisse Torres le ordenó investigar a Raúl Maldonado. Esa abogada renunció por el hostigamiento laboral de Ivelisse que la obligaba a investigar asuntos infundados y le impedía realizar investigaciones reales”, relató una fuente interna de este diario. Sin embargo, otra fuente apunta que las diferencias entre Torres y González se acrecentaron por instrucciones de la inspectora general para frenar una investigación que tocaba a otra figura cercana a La Fortaleza de Ricardo Rosselló.

Metro supo que la OIG contrató a la exjueza Crisanta González Seda para una investigación interna que abrieron contra González Méndez. El contrato de González Seda —quien fue presidenta en el pasado del Panel de Exjueces de la Oficina del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) y ha sido fiscal especial de la misma entidad— aparece registrado ante la Oficina del Contralor.

González Méndez fue la funcionaria de la OIG a quien la contralora, Yesmín Valdivieso le escribió el 5 de agosto de 2019 para indicarle que luego de examinado el caso de la contratación de RISCO Insurance habían determinado ni siquiera abrir una auditoría. La OIG finalmente en febrero del 2020 refiere a Maldonado a Justicia por el contrato de RISCO Insurance. Según una persona interna en la OIG, al principio la inspectora general dio la impresión de que haría la auditoría sobre la mafia institucional y que de hecho se comenzó, pero luego no se supo más de esos trámites. Sí se dio paso a otra sobre el contrato de RISCO Insurance contra Maldonado, quien había denunciado la mafia institucional. Una fuente alega que existe una citación de la OIG —no diligenciada— a Maldonado sobre el contrato de RISCO Insurance.

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Diversas fuentes de este diario confirmaron que una vez en Justicia se trabajó el referido de la OIG y se había determinado no recomendar la designación de un fiscal a la OPFEI, pero con la nueva administración en el 2021 se optó por cambiar la recomendación.

Sobre una nueva vertiente investigativa que mantuvo el caso de Maldonado más tiempo en Justicia, este diario pudo confirmar que el pendrive con grabaciones que recibieron las autoridades a finales del 2020 eran las entrevistas que realizó el abogado, Homero González López. Este trabajó bajo contrato la pesquisa que llevó adelante la OIG al reabrir y reinterpretar una auditoría cerrada en Hacienda. En las grabaciones se escuchan los interrogatorios del abogado contratista, aunque los informes los firmaba otra abogada de la firma contratada. Se entrevistaron personas removidas de sus cargos por Maldonado o que en el pasado habían tenido choques públicos con el exsecretario. Muchos de los entrevistados fueron acompañados por abogados.

En Justicia, cuando la fiscal Wanda Casiano se reasignó a sí misma el caso, citó a González López y también se reunió con la inspectora general, Ivelisse Torres antes de emitir el informe con el cambio de recomendación, según el relato de una fuente.

De otra parte, el gobernador Pedro Pierluisi confirmó ayer que recibió una carta de la abogada de los Maldonado, Mayra López Mulero en la que esta le alerta de un caso de represalia contra su testigo por ser un denunciante de corrupción. Sin embargo, Pierluisi dijo que fue asesorado de que se trata de una investigación en curso y que confía que el sistema de justicia está en buenas manos.

López Mulero dijo la semana pasada en el programa Jay y sus Rayos X que hoy haría disponible a los Maldonado en el espacio televisivo.

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