A raíz del asesinato de Andrea Cristina Ruiz Costas, una mujer de 35 años que murió a manos de su expareja luego de que el tribunal no encontrara causa para arresto y denegara una orden de protección en su contra, el gobernador Pedro Pierluisi adelantó que exigirá al Departamento de Justicia garantías de que cada vez que una víctima acuda al tribunal para denunciar incidentes de violencia doméstica esté acompañada de un fiscal.
“Cuando yo dije que todo aparenta que el sistema de justicia le falló a Andrea, es porque yo personalmente leí la denuncia que presentó Andrea y no sé qué transcurrió en la vista de causa para arresto bajo la regla 6 ante la juez municipal (Ingrid Alvarado). Sé que no participó en esa vista un representante del ministerio público y eso es lo primero que hay que corregir aquí. Aparentemente, el manual de procedimiento y la ley no exige que para un caso de artículo 3.1 de la Ley (54 de violencia doméstica) esté presente un fiscal. Se acostumbra a que si los recursos lo permitan esté un fiscal presente. Eso para mí es una falla que hay que corregir”, recalcó Pierluisi esta tarde.
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Para Pierluisi, el sistema le falló en dos ocasiones a Ruiz Costas, de 35 años, quien fue encontrada calcinada en un terreno de Cayey el pasado jueves. Ese mismo día, Miguel Ocasio Santiago, expareja de la fémina, confesó el asesinato y fue ingresado a la cárcel.
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“Esto era una persona (Ocasio Santiago) que ya había sido imputada por conducta en violación de la ley que prohíbe la violencia doméstica y no me protegieron a esa víctima en ese momento dado. Eso llora ante los ojos de Dios. En la vista inicial, de naturaleza civil ante una juez municipal, donde la víctima pide una orden de protección, no se le concedió. Tampoco se le concedió cuando se vio el caso de la regla 6, no me protegieron a esta víctima y aquí hay que buscar la manera en que siempre se inclinen a favor de proteger las víctimas en casos de violencia. Por eso digo que el sistema falló y hay que buscar la manera de que esta conducta no se repita. Lo vamos a hacer porque aquí no podemos tener tolerancia para este tipo de violencia. Lamentablemente, al final de camino, la víctima desiste y pierde interés en su caso”, señaló Pierluisi en referencia al caso de Ruiz Costas, al añadir que incluso en ese punto el ministerio público tenía la facultad de ir en alzada.
“También eso se tiene que escudriñar, por qué no se hizo. No hay que ser abogado ni exsecretario de Justicia para (a partir de la denuncia) ver que aquí tenían una víctima bien vulnerable y necesitada de parte del Estado y el Estado no se la proveyó. El Estado falló”, enfatizó el gobernador.
El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, coincidió con Pierluisi al reconocer las fallas del aparato gubernamental en atender la situación de Ruiz Costas.
“Aunque la ley y las reglas no exigen que haya un fiscal tenemos que buscar más allá, qué hace falta para proteger a esa víctima. Si hay que crear un reglamento u orden administrativa se va a hacer para que haya un fiscal en ese tipo de casos”, sostuvo Emanuelli.
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El funcionario, no obstante, descartó que el fracaso en proteger a personas como Ruiz Costas responda a escasez de fiscales o a que algunos de estos se encuentren destacados en otras agencias.
“La emisión de la orden de protección era algo que se caía de la mata”, argumentó.
Asimismo, en un aparte con periodistas luego de la conferencia de prensa, señaló que el periodo de 60 días para ir en alzada luego de que la corte no encontrara causa para arresto no se había completado al momento de asesinato de Ruiz Costas.
“El problema, más que ir en alzada, de qué es lo que hizo o no la fiscalía, la fiscalía actuó conforme a las leyes y reglamentación. El problema es que todos –tribunales, Policía, fiscalía– tenemos que unirnos para buscar y trabajar lo mejor que se pueda hacer para salvaguardar la seguridad de las mujeres”, manifestó el secretario de Justicia.
Pierluisi, durante la conferencia de prensa, negó que los diferentes argumentos que se han presentado públicamente entre representantes del gobierno y de la rama judicial sean evidencia de una “guerra” entre el ejecutivo y la judicatura. La jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz, ordenó el pasado viernes una investigación de los pormenores del caso de Ruiz Costas.
El primer ejecutivo descartó que sea viable legislar para que los jueces no tengan la discreción de negar órdenes de protección solicitadas por presuntas víctimas de violencia doméstica, ya que los imputados tienen derecho a un debido proceso de ley.
Sin embargo, sostuvo que sí sería viable ordenar la asistencia de un imputado de violencia doméstica a programas de rehabilitación o desvío.
“El nivel de prueba que hay que presentar para que haya causa para arrestar a un imputado de delito de violencia doméstica es bien bajo. Nada más de ver la denuncia (de Ruiz Costas) dije cómo aquí no encontraron causa […] Me hubiera gustado tener un fiscal bateando por esa víctima. Eso es lo que me incomoda muchísimo”, reiteró el mandatario.
