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Si bien la pena de muerte en Puerto Rico es inconstitucional, el sistema de justicia federal puede perseguir dicha sentencia contra algunos acusados en la isla.
La denuncia criminal contra el boxeador Félix Verdejo es el caso más reciente en que podría ser elegible a la pena de muerte. Al púgil se le acusa de haber cometido los delitos de secuestro que resultó en la muerte, carjacking que resultó en la muerte y el asesinato de una criatura no nacida. Sin embargo, un caso federal contra el acusado Juan Pedro-Vidal figura como el caso más reciente y activo en el que la Fiscalía federal persigue una sentencia de pena de muerte.
En Puerto Rico, la última vez que se ejecutó a una persona fue en 1927. Sin embargo, en 1929, la Legislatura local abolió la pena de muerte. Luego, en 1952, la Constitución de Puerto Rico prohibió la pena de muerte.
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Pese a esta prohibición, desde finales de los 90 y principios del 2000, la Fiscalía federal ha intentado obtener sentencias de muerte contra un sinnúmero de acusados en la isla.
El caso más reciente en el que el Departamento de Justicia federal certificó un caso como uno de pena de muerte es contra el acusado Pedro-Vidal quien se le acusa de los delitos de carjacking y secuestro que desembocaron en la muerte de una persona por hechos ocurridos en 2016. Dicho caso fue certificado por el Departamento de Justicia federal en 2018 por en el entonces secretario de Justicia, Jeff Sessions.
Sin embargo, a partir del 2000, comenzó a verse un mayor número de solicitudes de casos elegibles bajo la pena de muerte. En dicho año, la fiscalía federal solicitó la pena capital contra los acusados Héctor Acosta Martínez y Joel Rivera Alejandro por el secuestro y asesinato del comerciante Jorge Hernández Díaz. Ambos fueron absueltos.
“Ese caso de Acosta fue muy importante porque el juez Salvador Casellas había determinado que no se podía imponer la pena de muerte en Puerto Rico, pero lo revocaron en Boston”, dijo el abogado Kevin Rivera Medina, quien preside la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte.
En 2005, Lorenzo Vladimir Catalán Román y Hernando Medina Villegas fueron acusados por un carjacking a un camión blindado y por asesinar a un guardia de seguridad de la empresa Ranger American. Un Jurado determinó no imponer la pena de muerte.
Rivera Medina opinó que la cantidad de casos certificados para ser tratados bajo la pena de muerte aumentó entre 2012 y 2013 con los casos criminales de La Tómbola y la acusación contra Edison Burgos. “Aquí hubo un intento de imponer la pena de muerte con más más ahínco que en ninguna otra jurisdicción”, dijo Rivera Medina. “Entre 2012 a 2013, en Puerto Rico se estaba viendo el 20% de todos los casos de pena de muerte a nivel federal”, comentó el letrado puertorriqueño.
En 2012, la Fiscalía federal volvió a intentar solicitar la pena de muerte en el caso contra el comerciante Burgos. En este caso, Burgos fue hallado culpable por la desaparición y asesinato de su pareja Semidey Morales. En esta ocasión, el jurado también rechazó imponer dicha sentencia.
En 2013, Alex Candelario Santana, quien fue convicto como presunto autor de la masacre de La Tómbola, también enfrentó la pena de muerte, pero un jurado no validó dicha sentencia. El año pasado, el Primer Circuito del Tribunal de Apelaciones revocó la sentencia en su contra y ordenó un nuevo juicio. El foro judicial, además determinó que la Fiscalía federal no podrá volver a solicitar la pena de muerte en el nuevo juicio.
En el mismo año, el acusado Xavier Jiménez Benceví se libró también de la pena capital luego de que un Jurado no le impuso dicha sentencia por el asesinato de una informante federal. Jiménez Benceví fue encontrado culpable por asesinar a Delia Sánchez y fue condena a una cadena perpetua.
