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La senadora por San Juan, Aguas Buenas y Guaynabo, Nitza Moran, radicó el proyecto de ley 166 (P. del S. 166), según anunció, con la intención de ayudar a que se promueva más la actividad económica de los pequeños y medianos negocios en Puerto Rico y la creación de más PYMES.
Moran explicó que en el pasado se creó la Ley de Flexibilidad Administrativa y Reglamentaria para el Pequeño Negocio, con el propósito de que las agencias gubernamentales revisaran sus reglamentos para asegurar que los pequeños negocios no estén excesivamente reglamentados y se flexibilizaran las penalidades de acuerdo a los tamaños de los negocios. Para la senadora este cumplimiento no se ha realizado luego de más de 10 años de la aprobación de la Ley, y las PYMES aún “continúan pasando escollos para poder desarrollar sus negocios, cumplir con permisología, y cumplir con las regulaciones gubernamentales”.
A estos fines la senadora ha propuesto ampliar la jurisdicción del Procurador de Pequeños Negocios a través de una nueva ley para que este cuente con más herramientas que le permitan atender con agilidad aquellas reclamaciones y controversias que involucren a un pequeño negocio; otorgarle nuevas facultades y poderes que le auxilien a descargar apropiadamente su responsabilidad
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“Nuestros pequeños negocios son la espina dorsal de la economía puertorriqueña. Todos hemos vivido la capacidad y potencial de estos para generar empleos, mantener el movimiento económico en los municipios, y mantener a nuestra ciudadanía en los momentos más difíciles. Y es de conocimiento general que en Puerto Rico existe mucha reglamentación innecesaria que pone freno a la inversión privada y al desarrollo de PYMES. Por lo tanto es necesario hacer un alto en la carrera desenfrenada de reglamentación actual y determinar qué áreas deben mantenerse reglamentadas y en cuales es necesario pasar por un proceso de revisión y derogación de la reglamentación existente. Si analizamos detenidamente el efecto que provoca la reglamentación excesiva encontramos que la misma afecta adversamente la competencia, desalienta la innovación, y restringe las mejoras en la productividad. Además, crea barreras para que nuevos negocios se desarrollen y desalienta al pequeño comerciante a competir”, sentenció.
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