Un estudio presentado por la organización Queremos Sol evidencia la viabilidad de que tan pronto como en 2035 la totalidad de los hogares en Puerto Rico puedan satisfacer su carga energética crítica mediante la instalación de paneles solares en los techos, lo que a su vez permitiría que el 75% de la demanda de electricidad en el país sea generada a base de fuentes renovables.
La posibilidad, sin embargo, queda a merced de que se le dé un giro de 180 grados a la política pública estatal referente al uso de los fondos federales asignados a reconstruir el sistema energético, de forma tal que se priorice un modelo de generación distribuida en lugar de simplemente reemplazar la infraestructura afectada.
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La portavoz de Cambio Puerto Rico, Ingrid Vila, el ingeniero eléctrico Agustín Irizarry y Cathy Kunkel, analista del Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero, expusieron que el plan de infraestructura a 10 años presentados por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) propone utilizar $8,400 millones en dinero federal para atender el sistema la transmisión y distribución, $853 millones para infraestructura conducente a la quema de gas natural y nada para impulsar la energía renovable.
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Queremos Sol, en tanto, visualiza que se destinen $9,000 millones para el modelo de generación distribuida de energía renovable, así como $650 millones para fortalecer el sistema de distribución.
“La propuesta que presentamos es de manera distribuida cerca del punto de consumo. La mayoría de esta generación ni entra a la red, porque se consume en la misma localidad. La consecuencia es que requiere menos dependencia del sistema de transmisión y distribución y, por ende, no se tiene que invertir en añadir capacidad a esos sistemas”, planteó Vila, al precisar que el estudio se le presentó a representantes de la AEE.
El escenario vislumbrado por la organización parte de la premisa de que en Puerto Rico, a 2035, habrá un millón de hogares habitados y que el consumo de energía se habrá reducido en un 25% respecto al actual.
Irizarry, catedrático del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, destacó que para el estudio se contempló la instalación de paneles solares ubicados en techos con capacidad de 2.7 kilovatios hora que permitirían el uso de equipo esencial, como neveras y lavadoras. El resto de la demanda podría satisfacerse mediante sistemas de interconexión a la red de la AEE o, si así lo deseara el consumidor, adquiriendo un equipo de energía solar más potente.
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Para hacer efectivo el plan, admitió Vila, sería necesario el compromiso de una AEE y un gobierno “receptivo”.
“La AEE accede los fondos, compra los equipos y hace o coordina la instalación de equipos en la residencia. No es que el individuo va a comprar estos equipos, sino que es una gestión liderada por la AEE”, precisó la exsecretaria de la Gobernación.
En ese marco, la cesión de la red de transmisión y distribución por 15 años a Luma Energy representa un obstáculo a los objetivos de Queremos Sol y de la propia Ley de Política Pública Energética, que establece que Puerto Rico alcance un 100% generación mediante de energía renovable para el 2050.
“Entendemos que ese contrato de Luma Energy es nulo y nos oponemos a ese proceso de privatización. El contrato, propiamente, no tiene métricas que exijan cumplimiento con metas de energía renovable y hemos presenciado en algunos foros expresiones de representantes de Luma Energy que minimizan el rol de la energía renovable distribuida como alternativa”, puntualizó la ingeniera.
Irizarry, en tanto, descartó que la inversión de fondos federales en un modelo que enfatice el uso de energía renovable derive en un aumento del costo de electricidad en el país. Por el, contrario, aseguró que la alternativa es “la más barata” del menú de opciones a la disposición del gobierno.
“Aun si no usáramos fondos federales esta alternativa es la alternativa más barata. La idea de que la energía renovable es cara es incorrecta. La generación solar fotovoltaica es la generación más barata que puedes tener en este momento”, insistió el experto, quien añadió que, a nivel comercial, es viable utilizar áreas de estacionamiento para la instalación de equipos de energía solar.
Kunkel, por su parte, presentó una comparativa en el cual, en el escenario base, no se invierte un solo centavo en crear nuevas fuentes de generación, y concluyó que la inversión en paneles fotovoltaicos para la totalidad de las residencias representaría un ahorro de $500 millones.
