Las fuerzas de seguridad de Myanmar han matado a numerosos manifestantes que protestaban contra un golpe de Estado. La nueva junta militar ha encarcelado a periodistas y a cualquier otra persona capaz de denunciar la violencia. Ha suspendido las limitadas protecciones legales. El mundo exterior ha respondido con críticas duras, un puñado de sanciones y poco más.
La caída de una democracia naciente ante otro golpe, rápido y brutal, abre una posibilidad nefasta: tan mala como está ahora la situación en Myanmar, la larga historia de gobiernos militares violentos en el país indica que pudieran empeorar.
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Los manifestantes siguen saliendo a las calles pese a la violencia que dejó 38 muertos en apenas un día esta semana, aunque en menor número que en las semanas inmediatas al golpe del 1 de febrero. Han usado sus celulares para grabar la brutalidad. Videos recientes muestran a agentes de seguridad baleando a una persona a quemarropa y persiguiendo y golpeando salvajemente a manifestantes.
Las fuerzas armadas, no obstante, tienen la ventaja clara, con armamento sofisticado, una vasta red de espías, la capacidad de cortar las telecomunicaciones y décadas de experiencia en conflictos civiles en las fronteras del país.
“Estamos en un punto de crisis”, le dijo a la Associated Press Bill Richardson, un exembajador estadounidense en la ONU con amplia experiencia de trabajar con Myanmar, apuntando al arresto de periodistas, incluyendo el reportero de la AP Thein Zaw, y la matanza indiscriminada de manifestantes. “La comunidad internacional tiene que responder con más energía o esta situación puede degenerar en anarquía y violencia totales”.
Pero ¿lo hará?
Gobiernos en todo el mundo, incluyendo Estados Unidos, han condenado el golpe, que revirtió años de lento progreso hacia la democracia. Antes de esa apertura, Myanmar había vivido bajo una dictadura militar por cinco décadas que llevaron a un aislamiento internacional y fuertes sanciones. A medida que las fuerzas armadas mitigaban su control en la última década, la comunidad internacional levantó la mayoría de las sanciones y las inversiones fluyeron.
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Pese a la ola de críticas globales recientes, sin embargo, no hay muchas esperanzas de que las presiones exteriores cambien el curso de los acontecimientos en el país. Para empezar, es improbable una acción coordinada en la ONU, como un embargo global de armas que pidió el experto independiente del organismo para armamentos, Tom Andrews. Rusia y China tienen escaños permanentes en el Consejo de Seguridad y podrían vetar una medida tal. El Consejo debate la crisis en Myanmar el viernes.
Los vecinos de Myanmar, los países que forman la Asociación de Países del Sureste Asiático, generalmente detestan “interferir” en los asuntos de los otros, lo cual significa que es improbable que hagan algo más que llamar a conversaciones entre la junta y el gobierno derrocado de Aung San Suu Kyi.
Eso deja solamente sanciones de Estados Unidos y otros países occidentales. Washington impuso sanciones a los máximos líderes militares de Myanmar tras el golpe del 1 de febrero. Más presiones se produjeron luego que un enviado de la ONU dijo que las fuerzas de seguridad mataron a 38 personas el miércoles. Gran Bretaña impuso sanciones contra tres generales y seis miembros de la junta en respuesta al golpe y la represión. La Unión Europea prepara medidas para responder al golpe.
Pero es improbable que incluso duras sanciones de esos países arrojen nada, aunque pudieran afectar considerablemente a los ciudadanos comunes. Myanmar ha vivido décadas de sanciones severas previamente y la junta militar habla ya de planes de “auto dependencia”.
La enviada especial de la ONU para Myanmar, Christine Schraner Burgener, dijo a la prensa esta semana que le había advertido a la junta militar que se avecinaban sanciones duras y que la respuesta fue que los generales sabían cómo “andar con pocos amigos”.
“La historia de Myanmar indica que las fuerzas armadas usarán creciente brutalidad y violencia para tratar de apagar el movimiento de protestas”, dijo Ronan Lee, académico visitante en la State Crime Initiative en la Universidad Queen Mary en Londres. “En el pasado, las fuerzas armadas han estado dispuestas a asesinar a miles para apagar revueltas civiles o cumplir sus objetivos”.
Muchos observadores cuestionan, ante tal determinación, cuánto más pueden durar las protestas.
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“Aunque a primera vista `podría parecer un duelo de voluntades, las fuerzas armadas tienen una ventaja sustancial de recursos sobre el manifestante promedio y han demostrado que están dispuestas a cometer actos extremos de violencia para forzar obediencia”, dijo John Lichtefeld, vicepresidente de la firma consultora The Asia Group.
La situación podría agravarse, agrega. Las fuerzas armadas “son una organización con un tremendo orgullo institucional y es posible que elementos intransigentes que han estado presionando en favor de una respuesta más agresiva estén comenzando a ganar influencia”.
El ejército ha cometido previamente abusos sin sufrir consecuencias. En el 2017, masacró a miles de miembros de la minoría musulmana rohinya, en lo que la ONU dijo tenía las características de “un genocidio”.
En un indicio de lo limitado de las opciones para influir sobre la junta, cuando se le preguntó qué más podían hacer Gran Bretaña y otros países, el canciller británico Dominic Raab respondió: “Continuaremos examinando cómo podemos responsabilizar a miembros individuales del régimen”.
Las fuerzas armadas en Myanmar cuentan con que el mundo no podrá hacer más que “palabras duras, algunas sanciones económicas y prohibiciones de viajes”, dijo Lee. Para asegurar eso, podría ejercer cierta mesura en su represión — para tratar de mantener la violencia por debajo de un límite que provoque respuestas — o al menos mantenerla escondida.
Es por ello, dijo Lee, que las autoridades están deteniendo a periodistas. Eso indica que “ellos entienden el valor de publicitar internacionalmente la protesta y toman medidas para limitarla”.
