Tres años y medio después del paso del huracán María, el gobierno se dispone a comenzar con la demolición de estructuras privadas que quedaron destruidas por el devastador ciclón.
“Estamos retomando ese proyecto para que comience con los primeros cientos de propiedades a partir del mes de abril”, indicó en conferencia de prensa Manuel Laboy, director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3).
De acuerdo con el funcionario, en la primera fase se comenzaría con unas 350 unidades de vivienda, de un total de 3,400 estructuras que forman parte del programa de demolición, precisó Laboy.
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“En sus inicios se había hecho un estimado de unas 15,000 potenciales unidades. Es un proceso que se ha ido depurando, corriendo unos procedimientos bien específicos donde se contacta a los dueños, se tienen que seguir unos criterios de evaluación bien estrictos tanto a nivel federal como estatal. De ahí entonces es que terminas siendo el universo de 3,400 por todo Puerto Rico. La propiedad tiene que haber sido catalogada como un estorbo público. Hay unos procesos reglamentados por ley que rigen todo eso a nivel de los municipios”, señaló Laboy.
Laboy, quien durante el cuatrienio pasado se desempeñó como secretario de Desarrollo Económico y Comercio, indicó que las propiedades a ser demolidas se encuentran “en toda la isla”, y no se incluye estructuras destruidas por los terremotos del 2020.
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¿Tenemos un gobierno de tontos?
“Ya estamos trabajando con la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura y ASG (Administración de Servicios Generales) para darle curso al proceso para que empecemos con las primeras 350 casas. Esperamos comenzar el proceso dentro del próximo mes”, añadió el ingeniero.
Durante la conferencia de prensa, que tuvo lugar luego de la primera reunión que sostuvo el gobernador Pedro Pierluisi con el componente fiscal de su administración, se informó que se habían seleccionado 10 proyectos “prioritarios” de desarrollo económico.
La secretaria de la Gobernación, Noelia García, detalló que los 10 proyectos son: rehabilitación de cascos urbanos; infraestructura de banda ancha 5G; desarrollo de la antigua base Roosevelt Roads; la construcción de un hospital de trauma en Centro Médicos y mejoras al hospital de trauma en Mayagüez; extensión de las carreteras PR-10, PR-5 y PR-22; el Puerto Las Américas, Bahía Urbana; Distrito de Convenciones; la industria aeronáutica de aviación en Aguadilla; y el desarrollo económico de las islas municipio Vieques y Culebra.
“Todos vamos a estar en la misma página para que estos proyectos sean encaminados y comiencen su ejecución dentro de estos cuatro años. Puerto Rico va a dar cátedra de ejecución de mejoras de infraestructura y Puerto Rico va a ser otro una vez otro comience. La integración de estos proyectos críticos (busca) mejorar no solo nuestro desarrollo económico sino el acceso para que de facto podamos tener desarrollo económico”, dijo García.
El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar Marrero, planteó que los cerca de $80,000 millones federales asignados para la recuperación serán la piedra angular para los proyectos de infraestructura mencionados.
Laboy, sin embargo, no pudo precisar cuál sería el objetivo de utilización de fondos federales dentro del próximo año. Durante los pasados tres años, si bien el gobierno federal implementó restricciones de acceso al dinero que la administración de Joe Biden ya ha comenzado a eliminar, el gobierno estatal tampoco fue capaz de utilizar eficientemente los fondos que habían sido liberados, particularmente los correspondientes al programa de desarrollo comunitario tras desastres (CDBG-DR).
Bajo los cerca de 30 programas de CDBG-DR, Puerto Rico tiene asignados sobre $20,000 millones, de los cuales se ha gastado una porción ínfima.
“(Hay) tres medidas que estamos trabajando para que esos flujos de proyectos obligados se vean en obras de construcción: número uno, el fondo rotativo estatal, que se trabaja con Aafaf para que municipios y agencias tengan acceso a financiamiento y puedan correr las subastas. Es parte de los retos. Número dos, el fondo de pareo que se trabaja con OGP que también juega un papel importante para poder cumplir con unos procesos de subastas que tienen que correr los municipios y agencias. Tercero, lo que sería revisar nuestras políticas de adelantos y reembolsos para ser más ágiles, que fue una petición del gobernador Pierluisi, de que retemos el sistema, aunque tenga que ser cumpliendo 100%”, mencionó Laboy.
“Ahora que se están implementando esas medidas, proyecto que van a ayudar a que los proyectos obligados, la obra empiece a verse ya en subastas y construcción. Sobre la proyección (de dinero utilizado este año) no la tengo ahora mismo, estamos trabajándola. Esperamos para el mes que viene proveerle al gobernador y el Concilio de Reconstrucción una proyección preliminar de cómo esos proyectos obligados (con fondos comprometidos) se van a ir desempeñando y cómo se va traduciendo en obras de construcción, subrayó el director de COR3.