La fiscalía de la región de Los Ríos, en el sur de Chile, acusó el lunes de homicidio simple al policía militar que le disparó a un malabarista que se negó a un control de identidad, una muerte que ha conmocionado al país y desatado una ola de violencia.
El magistrado del Juzgado de Garantía de Panguipulli, Felipe Muñoz, acogió la demanda y determinó en la tarde el arresto domiciliario del policía y descartó la prisión preventiva solicitada por uno de los querellantes. Muñoz argumentó que “el último disparo percutado y cuyo proyectil ocasionaría la muerte del afectado no se encuentra amparado por el derecho, constituye un exceso policial en el uso de la fuerza y, con ello, la conducta del imputado deviene en antijurídica”.
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El juez afirmó que el policía pudo atenerse a la norma “tan solo con evitar percutir el último y letal disparo” y estableció un periodo de cuatro meses para la investigación del caso.
El fiscal Juan Agustín Meléndez reconstruyó los hechos ocurridos el viernes, cuando el carabinero disparó contra Francisco Martínez Romero, de 27 años, en la pequeña localidad turística de Panguipulli (800 kilómetros al sur de Santiago) luego de que el joven rehusó someterse a un control de identidad, obligatorio por ley desde 2019.
Según la fiscalía, la Policía de Investigaciones (PDI) afirmó que el joven mantuvo una actitud amenazante con los machetes con los que actuaba y que tenían filo y no depuso su actitud a pesar de las advertencias de los carabineros. Uno de ellos hizo seis disparos, el primero al suelo, varios primero a la pierna y luego al cuerpo del joven.
“El disparo letal es el último”, señaló el Ministerio Público “que es un impacto que da en el corazón”. El fiscal Meléndez calificó este último disparo como innecesario, un supuesto con el que el magistrado se mostró de acuerdo.
El nuevo caso de posible violencia policial -viralizado a través de un video en las redes sociales- generó un repudio transversal y desató una ola de violencia en la Región Metropolitana y en el sur del país que ha dejado más de 40 detenidos, la quema de varios edificios públicos, -como la municipalidad en Panguipulli, de unos 32.000 habitantes- y el incendio de autobuses en el humilde barrio santiaguino de Puente Alto, donde reside la familia del fallecido, entre otros hechos violentos.
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Diversas concentraciones se registraban el lunes también en las calles de Santiago, en la Plaza Italia y la avenida central de la Alameda para protestar contra las acciones de la policía.
El joven malabarista, que era muy apreciado por la comunidad de Panguipulli, fue velado en esa localidad el sábado de manera multitudinaria antes de que sus restos llegaran a Santiago el domingo, donde también hubo un velatorio masivo, fuegos artificiales y se rindió homenaje con tres camionetas de flores. También se vivieron momentos de tensión y agresiones a la prensa que estaba reportando según pudo comprobar un equipo de The Associated Press trasladado al lugar.
Los medios chilenos informaron que el joven padecía esquizofrenia, según relató su hermana, y que era tío del adolescente lanzado por un policía desde un puente de casi metros en otro acto de brutalidad policial ocurrido en octubre que también conmocionó al país.
El caso ahonda una crisis profunda de la policía chilena -sobre la que se ha planteado en numerosas ocasiones la necesidad de una reforma de gran magnitud- que data de las documentadas violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el estallido social que comenzó en octubre de 2019 y que dejó más de 450 personas con trauma ocular, al menos 31 muertos y unas 4.000 denuncias por violaciones de los derechos humanos.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos estableció en un informe publicado la semana pasada que en estos casos, considerados “los más graves desde el retorno de la democracia en el país”, el Estado chileno estaba más cerca de “la impunidad” que de la “verdad y justicia” dado el tiempo transcurrido desde los hechos.
En paralelo, en redes sociales se difundía un caso de supuesto suicidio por parte de un detenido en una comisaría, algo que se ha repetido en varias ocasiones en los últimos meses. Los ciudadanos cuestionaban el hecho poniendo en duda la versión de la policía de la comisaria 51 de la comuna obrera de Pedro Aguirre Cerda en Santiago y las protestas se hacían eco de esta nueva muerte.
Las circunstancias del deceso de Camilo Miyaki, detenido por no portar salvoconducto “son extrañas, sobre todo, porque en la celda en que él se encontraba se generaba un punto ciego, que no permitía ver lo que sucedía con el detenido” a través de las cámaras de seguridad que tienen que tener obligatoriamente las comisarías, afirma en un comunicado el Observatorio Nacional de Derechos Humanos ANEXPPSA Chile, que se puso en contacto con los familiares del fallecido.
“Su pareja indica que Camilo no tenía antecedentes de enfermedades de salud mental, que tenían planes y proyectos, que él era una persona amable, estable emocionalmente y que en ningún caso él mostró ideas suicidas o indicios de una incipiente depresión”, afirma el comunicado que señala que la muerte está siendo investigada.
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