La Junta de Control Fiscal determinó hoy recobrar unos $30 millones del presupuesto del Departamento de Educación (DE) para el próximo año fiscal debido a las demoras en la implementación en un sistema uniforme de asistencia.
En septiembre, el ente fiscal detectó que la agencia pagó cerca de $80 millones en exceso a personas que se habían retirado, renunciado, fallecido o que no habían utilizado el sistema de asistencia para empleados del DE. En noviembre, la Junta autorizó la implementación de un sistema uniforme de asistencia y, a su vez, que sirviera para identificar la cifra de empleados inactivos y así evitar los pagos en exceso.
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De acuerdo con un informe presentado por la directora de implementación de la Junta, Ginorly Maldonado, se identificaron a cerca de 769 empleados que estaban inactivos, despedidos o fallecidos. Asimismo, la funcionaria indicó que la agencia no cumplió con la meta impuesta por el ente fiscal de comenzar con dicho sistema en el primer periodo de enero que culminó el 15 de enero. Según Maldonado, la designada secretaria del DE, Elba Aponte, pidió una extensión de al menos un ciclo adicional debido a que debía comunicarle la nueva política a los empleados del sistema.
Ante esto, Maldonado recomendó que la Junta recobrara unos $30 millones del presupuesto de la agencia hasta tanto el DE cumpla con la implementación del sistema de asistencia. “Lamentablemente, esta semana el gobierno pidió demorar por una ciclo adicional la implementación de este sistema. Como resultado de esto, las facturas de nómina de la agencia continuarán reflejando pagos realizados incorrectamente con fondos estatales y federales”, señaló la funcionaria.
Por su parte, Natalie Jaresko, directora ejecutiva del ente fiscal, comentó que la ’congelación’ de estos fondos culminará una vez la agencia implemente el sistema. “La Junta va a recobrar esta porción inmediatamente y será devuelta una vez se cumpla con la implementación”, dijo a preguntas de Metro.
De acuerdo con Maldonado, la cifra de $30 millones representa el salario de estas 769 personas —según el último ciclo de nómina de la agencia— entre el 15 de enero al 30 de junio. Maldonado apuntó a que, de continuar con estas prácticas, el DE podría perder un total de $46 millones este año.
Por su parte, el gobernador Pedro Pierluisi, indicó que desconocía el contenido del informe que presentó Maldonado, pero aseguró que la agencia implementará el sistema de asistencia propuesto por la Junta. “Me aseguraré de que esto se implemente y anticipo que la secretaria estará emitiendo unas expresiones sobre esto la próxima semana”, comentó Pierluisi durante su primera aparición en una reunión del ente fiscal.
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El informe de Maldonado provocó malestar entre los integrantes de la Junta y exigieron al gobierno a promulgar dicho sistema y evitar la pérdida de millones de dólares en fondos estatales y federales.
Andrew Biggs, integrante de la JCF, aseguró estar indignado con la falta de implementación del DE y exigió a la agencia a que imponga dicho sistema. “Comparto la rabia de los demás compañeros. Pero la realidad es que no me sorprende. La falta de implementación de este sistema uniforme de asistencia es otra muestra de pobre gobernanza”, dijo Biggs.
David Skeel, presidente del ente fiscal, coincidió con Biggs y señaló que es “de locos pensar que personas que no están trabajando se les pague”.
Antonio Medina, quien también se estrenó hoy como integrante de la Junta, solicitó al gobierno de Puerto Rico a que declare un estado de emergencia dirigido a atender las necesidades del sector educativo.
