La delegación del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) que formará parte de la legislatura local a partir de enero del 2021 envió una carta al presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, en la cual exigen atención en varios temas de la isla.
En la misma piden a Biden que ponga acción sobre temas como la auditoría y ajuste de deuda, la ley PROMESA y las políticas de austeridad de la Junta de Control Fiscal
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La delegación legislativa señala en la carta que, según diversos estudios e informes, buena parte de la deuda pública de Puerto Rico pudiera ser ilegítima por ser ilegal e inconstitucional, entre otras razones. De igual forma, señalan que no se puede insistir en el pago de una deuda a costa de los servicios esenciales, los derechos humanos y la necesidad de recuperación económica del pueblo de Puerto Rico tras años de desastres mayores. Cualquier proceso de ajuste de la deuda, señala la carta, debe anular cualquier parte de la deuda que sea ilegítima y reducir la deuda restante según estudios actualizados de sostenibilidad.
La carta está firmada por Ana Irma Rivera Lassén (Senadora Electa), Rafael Bernabe (Senador Electo), Mariana Nogales Molinelli (Representante Electa) y José Bernardo Márquez (Representante Electo).
En la misiva, los funcionarios que formarán parte de la legislatura señalan que “los acuerdos aprobados y propuestos en torno a la restructuración de la deuda de Puerto Rico solo prometen más años de crisis y empobrecimiento, como han demostrado varios estudios citados en la carta”.
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El programa de gobierno Biden-Harris se comprometió a promover una auditoría de la deuda, a detener las políticas de austeridad de la Junta y a proveer remedios (relief) para atender el problema de la deuda. Es por eso que la delegación del MVC solicita al presidente electo Biden acción urgente sobre esos compromisos. La delegación también informa que presentarán legislación local a esos fines, incluyendo medidas para la auditoría de la deuda y la defensa de los servicios esenciales, las pensiones, la Universidad de Puerto Rico y los derechos laborales.