La Contraloría de Puerto Rico publicó el resultado de la investigación de una querella relacionada con la facturación de servicios de talleres y adiestramientos no ofrecidos en el Departamento de Educación (DE).
La investigación revela que una corporación contratada del 2014 al 2015, para ofrecer talleres sabatinos y adiestramientos a maestros del Plan de Trabajo 14-22-Aprendizaje Matemático en el Contexto de la Sociedad del Siglo XXI, presentó documentos con firmas alteradas e información falsa para justificar el cobro de $60,500 por servicios no prestados. La prueba documental y testifical evidencia que 39 maestros y facilitadores indicaron no haber tomado los adiestramientos y 37 no recordaban haberlos tomado.
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Además, tras la verificación de las facturas y mediante declaración jurada, dos entrenadores indicaron que no ofrecieron los 61 servicios de adiestramiento del proyecto de matemáticas Mathcloud; otros dos entrenadores validaron que no ofrecieron los 118 servicios de adiestramiento del proyecto educando matemáticos, Edumat; cuatro entrenadores expresaron desconocer que la corporación había utilizado sus nombres para facturar 179 servicios de adiestramiento, y uno de ellos indicó que no cualificaba para ser entrenador.
La profesora proponente del proyecto, quien certificó las facturas de la corporación, dijo que se seleccionó dicha corporación del catálogo de licitadores elegibles y designó una encargada para preintervenir las facturas. Sin embargo, la profesora afirmó que no preintervenía ni revisaba las facturas y tampoco corroboraba que los servicios facturados se hubiesen ofrecido, salvo alguna ocasión que visitó los adiestramientos.
La encargada de preintervenir las facturas le comentó a los auditores de la Contraloría, que su trabajo era voluntario, que verificaba la documentación requerida por la Oficina de Asuntos Federales, que no participó en la selección de la corporación y que tampoco corroboraba si los servicios facturados fueron ofrecidos.
Estas situaciones se refirieron al Negociado Federal de Investigaciones, al Departamento de Justicia Federal y a la Oficina del Inspector General del Departamento de Educación de los Estados Unidos, el 26 de julio de 2019.
El Informe concluye que la exdirectora del Programa pudo haber incurrido en negligencia al no verificar y permitir que una persona sin autoridad de ley certificara las facturas objeto de esta investigación. Además, se pudo haber configurado los delitos de apropiación ilegal agravada, fraude, falsedad ideológica y negligencia en el cumplimiento del deber, entre otros, tipificados en la Ley 146-2012 del Código Penal de Puerto Rico.
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