La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Aguadilla. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe M-21-19 revela que el Municipio dejó de recibir el $659,571 de las ganancias de las empresas municipales del año fiscal 2013-14. La directora de Finanzas certificó que las ganancias del 2014 se utilizaron en gastos operacionales de las empresas. Sin embargo, la Ordenanza 80 de 2013, establece que el 75% de las ganancias del Parque Acuático Las Cascadas, el Aguadilla Ice Skating Arena y el Aguadilla Bowling Alley, se deben depositar en las arcas municipales.
La auditoría de cinco hallazgos señala que el Municipio contrató por $2,574,335 las corporaciones regulares A y B para el diseño y construcción del Parque Acuático y el Coliseo Luis T. Díaz, cuyos oficiales no eran ingenieros licenciados. La asesora legal, la secretaria municipal, la administradora principal, se apartaron de sus deberes al no solicitar las licencias profesionales para la prestación de los servicios contratados. Esta situación se refirió a los presidentes del Colegio y Junta Examinadora de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico el 29 de abril de 2019 para que tomen las acciones pertinentes.
Además, el oficial de la corporación B, certificó mediante un formulario en el 2016, que tenía la licencia y colegiación vigente. Esta situación de falsa representación, se remitió a la Secretaria Interina de Justicia, y a los presidentes de la Junta Examinadora y del Colegio de Técnicos de Refrigeración y Aire Acondicionado de Puerto Rico el 29 de abril de 2019 para que tomen las acciones que determinen oportunas.
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El Informe comenta también que el Municipio contrató corporaciones regulares en vez de corporaciones de servicios profesionales. Además, los profesionales de las corporaciones contratadas por las corporaciones A y la B, infringieron los cánones de ética, y el principio y la regla ética de sus profesiones ya que se asociaron a otras corporaciones a pesar de que no estaban legalmente autorizadas a prestar servicios de ingeniería de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente. Estas situaciones se remitieron a los presidentes del Colegio y la Junta Examinadora de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico; a las presidentas del Colegio y la Junta Examinadora de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico, el 29 de abril de 2019.
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Los auditores de la Contraloría hallaron que la entonces directora de Finanzas en el 2015, impartió instrucciones a una contadora III para que creara una partida presupuestaria por $200,000 de una petición de fondos a la Legislatura de Puerto Rico. Dichos fondos no fueron aprobados por lo cual se emitieron pagos a la corporación B, con préstamos de Fondos Especiales. Esta situación de registrar y obligar créditos sin la constancia de tener los fondos aprobados por la Asamblea Legislativa, puede afectar los libros y registros de la actividad contable y financiera del Municipio.
El Informe identifica deficiencias con la emisión de comprobantes de desembolso y con las conciliaciones bancarias. El examen reveló diferencias entre los balances de las conciliaciones bancarias y el Informe Mensual. Esta situación impide mantener un control adecuado de las finanzas del Municipio.
El Municipio tuvo que desembolsar $761,619, sin recibir ningún servicio a cambio, como pago de una demanda que perdió por discrimen y represalias contra una empleada municipal en el 2015. Además, al 10 de agosto de 2017 tenía cuatro demandas civiles pendiente de resolución en los tribunales por $620,000.
La Unidad de Auditoría Interna del Municipio detectó irregularidades sobre la función de recogido y disposición de desperdicios sólidos en el 2013. A tales efectos, el entonces alcalde removió al entonces director de Saneamiento y lo destituyó del puesto de carrera.