La comisionada residente, Jenniffer González Colón, presentó parte de su propuesta de salud como candidata a un nuevo término como comisionada residente en Washington, plan que incluye buscar que se extiendan los servicios de salud a unas 200,000 personas que actualmente no son elegibles.
“Me comprometo en impulsar que se utilice el nivel de pobreza federal para determinar la elegibilidad en el Medicaid. Esto permitiría que aproximadamente 200,000 personas que no tienen un seguro médico en estos momentos ingresen a la Tarjeta de Salud. Estas serían, en su mayoría, familias trabajadoras de escasos recursos que ganan más de lo determinado para ser elegible para la Tarjeta de Salud, pero no suficiente para costear una cubierta médica. Estaríamos permitiendo que las personas no tengan que escoger entre trabajar o mantener un plan de salud”, explicó la comisionada en comunicación escrita.
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Medicaid (la Tarjeta de Salud) es un programa operado por los estados y territorios para garantizarles a las personas de bajos ingresos una cubierta de seguro de salud.
Este programa provee cuidado a casi la mitad de la población de la Isla, 1.3 millones de personas. Además, aseguró que la condición territorial de Puerto Rico les impide a los ciudadanos americanos residentes en la isla gozar de los beneficios en igualdad de condiciones, que los residentes de los estados bajo este programa.
Destaca diferencias con jurisdicciones de EE.UU.
Asimismo, mencionó que las diferencias más notables son la aportación por parte del gobierno federal, el tope de los fondos asignados, la cantidad de beneficios obligatorios aplicados a la isla y el por ciento en que se basa el nivel de pobreza.
El máximo de aportación federal por ley al programa de Meidcaid, conocido como el FMAP por sus siglas en inglés, es un 83 por ciento y se basa en el ingreso per cápita de cada estado.
Para el 2020, el estado con la aportación federal más alta es Mississippi con 77.76 por ciento; mientras que el FMAP en Puerto Rico está establecido por ley en un 55 por ciento, una aportación menor.
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Contrario a los estados, Puerto Rico tiene un tope de 350 millones de dólares en la aportación federal para Medicaid que no alcanza para cubrir las necesidades en la isla, ni para proveer los beneficios mínimos que el programa de Medicaid requiere en los estados.
Esto ha obligado a buscar otras alternativas de financiamiento y por lo tanto, que el estado haya enfrentado la amenaza de quedarse sin fondos al programa antes de tiempo.
Otro efecto del límite de financiamiento federal señalado por la funcionaria es el uso por Puerto Rico, de una fórmula criolla del nivel de pobreza que excluye a miles de pacientes. Esta fórmula equivalente a un 40 por ciento del porciento de nivel de pobreza federal.
Otras medidas
Por otro lado, explicó que el programa de “Disproportionate Share Hospital” (DSH) compensa a hospitales que atienden un número desproporcional de pacientes de bajos ingresos, por los costos del tratamiento de estos pacientes que no están cubiertos por otros pagadores como Medicare, Medicaid, CHIP u otros planes médicos. De acuerdo con González, Puerto Rico no tiene una asignación de Medicaid DSH para sus hospitales.
La Parte B de Medicare es aquella que provee cubierta para citas médicas, servicios ambulatorios, equipo médico, diálisis entre otros servicios médicos preventivos.
González señaló que, contrario a los Estados Unidos, en Puerto Rico, los beneficiarios no quedan automáticamente inscritos y si no lo hacen en el periodo inicial de 7 meses, e les impone una penalidad de por vida del 10% de la prima por cada año de tardanza.
Medicare Parte D es un beneficio voluntario de medicamentos recetados para pacientes ambulatorios para personas con Medicare, proporcionado a través de planes privados.
Los beneficiarios de Medicare en Puerto Rico no son elegibles para los subsidios federales que ayudan a costear las cubiertas opcionales de Medicare (Parte B y Parte D), conocido como el “Low Income Subsidy” (LIS) y del que se pudieran beneficiar en Puerto Rico aproximadamente sobre 500,000 personas.
El fondo para medicamentos que sustituye el “Low Income Subsidy” en Puerto Rico requiere del pareo de fondos del gobierno local y está sujeto a los límites del financiamiento federal de nuestro programa de Medicaid, a diferencia del subsidio disponible a los residentes de los estados.
“Tomando en consideración el hecho que nuestra población de la tercera edad continua en aumento acelerado es necesario identificar fondos para mejorar los servicios de salud existentes e implementar nuevas tecnologías en materia salubrista. De igual manera, tenemos que hacerle justicia a cada puertorriqueño pues al tener igual responsabilidad con respecto al pago del seguro de Medicare, debe disfrutar de un trato igual en cuanto a los beneficios y dejar de ser ignorados y hasta penalizados en algunas circunstancias”, expresó González Colón.
