Piden al Gobierno entregar información a la Junta de Control sobre el retiro incentivado

Esta semana la Junta aseguró que el Gobierno aún no le ha entregado evidencia sobre les leyes 80, 81 y 82, y su viabilidad a largo plazo

Por Miladys Soto Rodríguez

Un grupo de retirados representado por el empleado del Departamento de Justicia, Ángel Fernando Maldonado Morales solicitó al Gobierno a cumplir con la información adicional que exigió la Junta de Control Fiscal (JCF) sobre la Ley 80, que promueve el programa de retiro incentivado.

"Le estamos pidiendo que terminen de someter los documentos que le está pidiendo la Junta de Control Fiscal", indicó Maldonado Morales, quien administra en redes sociales el grupo "Empleados Públicos Ley 447".

Maldonado Morales aseguró que la esperanza de los empleados públicos es que, una vez entregada la información y el análisis de impacto económico por parte del Gobierno, la Junta autorice el retiro a esos funcionarios.

"Tengo 33 años en el Gobierno de Puerto Rico y le pido que nos otorgue por favor, que mande esa documentación. Estamos sufriendo, estamos en ansiedad, totalmente ansiosos. Estamos totalmente decaídos mentalmente", sostuvo el empleado público.

Junta a la espera de información por parte del Gobierno

Esta semana la Junta de Control Fiscal (JCF) aseguró que el Gobierno aún no le ha entregado evidencia sobre les leyes 80, 81 y 82, y su viabilidad a largo plazo.

“La Junta de Supervisión le dio seguimiento, una vez más, al Gobierno de Puerto Rico para solicitar la información restante y un análisis del efecto fiscal de las Leyes 80, 81 y 82 del 2020, con tal de poder determinar si estas leyes, que expanden los beneficios de retiro para los empleados públicos, son financieramente factibles no solo hoy, sino mañana y en años venideros", expuso el ente creado por la Ley Promesa en una comunicación escrita.

Asimismo, la JCF aseguró que hasta la fecha, el Gobierno no ha provisto la información requerida para tomar una determinación
fiscalmente responsable sobre si puede pagar los aumentos en beneficios que ha propuesto para los futuros jubilados en el servicio público, o si ha analizado "concienzudamente" el efecto fiscal de estas leyes antes de aprobarlas.

 

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